El 4 de junio es la nueva fecha para la imputación contra César Manrique por saqueo a la UNGRD
Otras siete personas serán imputadas por irregularidades en un contratos por $100 millones.
César Manrique, director de Función Pública. Foto: Twitter César Manrique.
El juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá, reagendó para el próximo 4 de junio a las 8:00 a.m., la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del exdirector de Función Pública, César Manrique y otras siete personas implicadas en el direccionamiento irregular de $100 mil millones de un convenio entre la Unidad de Gestión del Riesgo -UNGRD- y la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.
pese a que la audiencia se realizaría de manera virtual, varios de los indiciados presentaron excusas medicas argumentando problemas de salud.
“La Fiscalía solicita el reagendamiento de la diligencias porque no se puede adelantar por la ausencia de un detenido y otros indiciados que se han excusado. La Fiscalía no fraccionara las imputaciones en principio de eficiencia de la justicia.Son imputaciones por un entramado criminal y se haría menos comprensible el rol fáctico y jurídico sin la presencia de todos“, solicitó formalmente la fiscal María Cristina Patiño.
Los llamados a imputación
- César Manrique Soacha: deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
- El abogado Édgar Riveros Rey: por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
- Los contratistas de la UNGRD, Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo: por los delitos delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
- Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, de la empresa Yapurutú: por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
- Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD: por el delito de lavado de activos.
