La JEP acredita como víctimas a 11 exintegrantes del Ejército afectados por minas antipersonales
Con esta acreditación tendrán una participación especial dentro del macro-caso 04 que investiga la situación territorial en Urabá

Imagen de referencia de militares y minas antipersonales
Bogotá
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz acreditó como víctimas a 11 exintegrantes del Ejército afectados por las minas antipersonales en los municipios de Dabeiba, Turbo y Apartadó, Antioquia, entre 1997 y 2014. Esta decisión se tomó en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá.
Para su acreditación, cada uno de los militares retirados presentó ante la JEP su relato de los hechos, junto con pruebas que tras ser analizadas se determinó que, como consecuencia del uso de minas antipersonal, todos ellos sufrieron lesiones físicas, amputaciones y traumas severos de carácter permanente, que afectaron su integridad y truncaron sus proyectos de vida.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP tomó esta decisión de acreditarlos teniendo en cuenta que el uso de minas antipersonal está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por la legislación colombiana, debido al sufrimiento innecesario que causan y a su carácter indiscriminado.
Además, varios de los exintegrantes del Ejército solicitaron el reconocimiento de sus seres queridos como víctimas indirectas, debido al impacto que las secuelas físicas y emocionales generaron en sus núcleos familiares. Por eso, en total fueron acreditadas 23 personas como víctimas en el caso 04.
Los militares reconocidos como víctimas por la JEP
Miguel Ángel Sánchez Mejía.
Isnardo Mendoza Higuera.
Juan David Cano.
Harrinson Alberto Mosquera Mena.
Damaso Erazo.
Oscar Javier Sánchez Orozco.
Jairo Alfonso Aguilar Villamil.
Jairo Cañas.
Daniel Pico Romero.
Ariel Enrique Urango Pérez.
Yeisson Andrés Ocampo.
Órdenes emitidas por la JEP
La Sala de Reconocimiento de la JEP solicitó a la Fiscalía General de la Nación que informe sobre las investigaciones en curso relacionadas con estos hechos victimizantes. Además, ordenó al Grupo de Análisis de la Información de la JEP realizar la georreferenciación de los lugares donde ocurrieron los incidentes.
Asimismo, instruyó a la Secretaría Ejecutiva, a la Oficina Estructuradora de Proyectos, a la Oficina de Enfoques Diferenciales y a la Oficina de Justicia Restaurativa integrar el contenido de esta decisión en el proceso de atención integral y restaurativa para las víctimas acreditadas, caracterizando de manera diferencial los daños y afectaciones sufridos.
Con esta acreditación estos 11 militares retirados tendrán una participación especial en el caso 04 que investiga la situación territorial en Urabá que incluyen los crímenes cometidos entre 1986 y 2016 en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y San Pedro de Urabá (Antioquia); El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó); Tierralta y Valencia (Córdoba).