Imputan a un exsecretario de movilidad y dos contratistas de la Alcaldía Quintero

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación imputó al coronel en retiro Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín, y los contratistas Rubén Darío López Giraldo y Santiago Fernando Ortega Mateos, por su presunta participación en la celebración indebida de contrato, en este caso un interadministrativo en plena vigencia de la ley de garantías electorales.

Un contrato en tiempos prohibidos

Los hechos investigados ocurrieron entre el 28 y 29 de junio de 2023, cuando la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín firmó con la empresa Metroplús S.A. el contrato interadministrativo N.° 4198703, por un valor de $15.053 millones, con el objeto de realizar mantenimiento de la malla vial.

Según la Fiscalía, el contrato fue tramitado sin cumplir con requisitos esenciales, como los estudios previos, diagnósticos técnicos, diseños y los informes de supervisión completos. Además, el proceso no fue publicado oportunamente en la plataforma SECOP II, contraviniendo lo exigido por la ley.

Aunque la defensa alegó un supuesto fallo en la plataforma, Colombia Compra Eficiente certificó que el sistema no presentó caídas durante las fechas señaladas, descartando así esa justificación para recurrir a la contratación directa, según señaló la Fiscalía.

A contrarreloj y sin soporte

El contrato fue parcialmente cargado al SECOP II el 28 de junio, pero su trámite fue finalizado el 29 de junio, ya en plena vigencia de la ley de garantías, la cual impide ciertos tipos de contratación directa durante el período electoral.

Ese mismo día, se integró de manera exprés el Comité Interno de Planeación, en una reunión virtual iniciada a las 6:45 p. m., tan solo tres horas antes del inicio de la restricción legal. En esa sesión se asignaron los roles técnico, logístico y jurídico a los contratistas imputados, quienes hasta ese momento no habían participado en el proceso contractual.

Rol de los imputados

Juan Carlos Torres Ojeda

Como secretario de Movilidad, Torres Ojeda tenía la competencia para adelantar, verificar y firmar el contrato. Fue quien avaló la resolución 2023-552-396, con la que se justificó la contratación directa con Metroplús, a pesar de que esta modalidad no era procedente según la Fiscalía. También fue designado como supervisor del contrato, lo que, para el ente acusador, refuerza su responsabilidad en los hechos.

Rubén Darío López Giraldo

Vinculado como director técnico y logístico en representación de la Secretaría de Infraestructura Física, López Giraldo participó en la elaboración del estudio previo, análisis del sector, matriz de riesgos y en el cargue parcial al SECOP II. También elaboró un anexo esencial del contrato, sin el cual este no habría podido concretarse legalmente.

Santiago Fernando Ortega Mateos

Fue designado como responsable jurídico en la misma reunión del comité. Su labor incluyó la revisión de estudios previos, la justificación legal de la modalidad de selección y la redacción del mismo anexo contractual. Según la Fiscalía, su intervención fue determinante para dar una apariencia de legalidad al proceso.

Metroplús y ausencia de imputación

Durante la audiencia, la Fiscalía aclaró que, aunque inicialmente se mencionó al exsecretario general de Metroplús, William Alberto Gómez Ramírez, no se le formuló imputación alguna en esta etapa del proceso, pese a que se había anunciado su vinculación. Ninguno de los tres procesados aceptó cargos.