Medellín

En veremos imputación a Daniel Quintero y 10 personas: Juez estudia si Fiscalía cumplió requisitos

El juez suspendió la audiencia para estudiar la posición de la defensa, que argumentó que no hubo un acto claro de comunicación de la Fiscalía General de la Nación.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: Colprensa.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: Colprensa.

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías de Medellín suspendió la audiencia de imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero Calle y otros diez investigados, y anunció que el próximo 21 de abril a las 2:30 p.m. decidirá si la imputación presentada por la Fiscalía General de la Nación cumple con los requisitos legales y si le otorga o no validez jurídica. Es decir, el juez deberá determinar si avala la formulación de cargos o si, por el contrario, la declara nula y obliga al ente acusador a reformular la imputación desde cero.

Defensa cuestionó la claridad de los hechos imputados

Durante la diligencia judicial, las defensas de los implicados insistieron en que la Fiscalía no cumplió con los requisitos básicos exigidos por la ley para imputar cargos. Argumentaron que no se detallaron con claridad los hechos presuntamente punibles, ni se explicó de manera concreta cuáles fueron los contratos sobre los cuales los exfuncionarios supuestamente incurrieron en interés indebido en la celebración de contratos.

La defensa también alegó que algunos de los delitos imputados, como el peculado por apropiación y el prevaricato, carecen de sustento en los hechos presentados por la Fiscalía, lo cual imposibilita ejercer adecuadamente el derecho a la defensa.

Los investigados

Los imputados por la Fiscalía en este proceso son:

  • Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín.
  • Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial.
  • Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general encargada.
  • Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Gestión de Contratación y secretaria general encargada.
  • Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario general.
  • Alethia Carolina Arango Gil, exdirectora de Gestión del Riesgo y exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público.
  • Sergio Andrés López Muñoz, quien ocupó múltiples cargos, incluyendo asesor de despacho, director técnico de Proyectos Estratégicos, director de Planeación y secretario de Desarrollo Económico.
  • Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Gestión y secretaria encargada de Suministros y Servicios.
  • José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas.
  • Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones.
  • Juan Manuel Villegas Márquez, propietario del predio Aguas Vivas.

Los delitos imputados

La Fiscalía imputó tres delitos: peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

El grupo de exfuncionarios conformado por Montoya, Delgado, Jiménez, Arango, López y Leidy Jiménez fue señalado específicamente por interés indebido en la celebración de contratos, al supuestamente intervenir para revertir un contrato de 2019 y facilitar la devolución del predio Aguas Vivas a sus propietarios originales, en vez de conservarlo como un bien recibido gratuitamente por obligación urbanística.

En el caso del exalcalde Daniel Quintero y Fabio Andrés García Trujillo, se les atribuyen los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, ya que ambos habrían participado en la expedición de un decreto que permitió modificar el uso del suelo del lote Aguas Vivas, habilitando su valorización con fines privados. La Fiscalía sostiene que ese decreto desconoció competencias legales del Concejo Distrital y permitió avanzar en proyectos urbanísticos y hoteleros bajo el programa Valle del Software.

La Fiscalía también indicó que los investigados intentaron justificar el pago de hasta 54.000 millones de pesos por el lote Aguas Vivas, a pesar de que este había sido recibido de forma gratuita en 2019 como parte de una obligación urbanística. Incluso, según la fiscal del caso, se intentó un nuevo pago por 42.000 millones por un predio que, en su criterio, ya era propiedad del Distrito.

Dos personas quedaron por fuera de la imputación

Las exfuncionarias Vanessa González y Yina Marcela Pedroza Gómez no fueron imputadas durante la audiencia, ya que sus abogados no estaban presentes. La Fiscalía deberá definir si solicitará una nueva audiencia para continuar con el proceso en su contra.

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