Fiscalía imputó al exalcalde Quintero y diez personas más delitos contra la administración pública

Medellín, Antioquia

Una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública imputó este lunes al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y a diez personas más, entre exfuncionarios de su administración y particulares, por presuntas irregularidades relacionadas con el predio Aguas Vivas, ubicado en la zona alta del barrio El Poblado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, durante el gobierno de Quintero se ejecutaron una serie de actuaciones administrativas que habrían tenido como fin favorecer económicamente a los propietarios del predio, pese a que este ya había sido entregado al Distrito como parte de una obligación urbanística.

Los delitos imputados, según la investigación, son: peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

Imputaciones por interés indebido en la celebración de contratos

En este primer grupo se encuentran seis exfuncionarios públicos de la administración distrital. Según la Fiscalía, estas personas se interesaron indebidamente en un contrato a favor de terceros, relacionado con la entrega y posterior intento de compraventa del lote Aguas Vivas.

• Carlos Mario Montoya Serna – Exsecretario de Gestión y Control Territorial.
• Karen Bibiana Delgado Manjarrés – Exsecretaria de Suministros y Servicios, y encargada de la Secretaría General.
• Sergio Andrés López Muñoz – Asesor del despacho del alcalde, director técnico de la Gestión de Proyectos Estratégicos, director del Departamento Administrativo de Planeación y exsecretario de Desarrollo Económico.
• Natalia Andrea Jiménez Pérez – Exsubsecretaria de Gestión de Contratación y secretaria general encargada.
• Alethia Carolina Arango Gil – Exdirectora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público y de Organización Social.
• Leidy Jiménez Echavarría – Exsubsecretaria de Gestión y encargada de la Secretaría de Suministros y Servicios.

La Fiscalía explicó que, aunque el lote Aguas Vivas fue entregado al Distrito de Medellín en junio de 2020, en virtud de un contrato firmado en 2019 que lo transfería gratuitamente como parte de una obligación urbanística, dicho acuerdo fue revertido. Esto habría tenido como fin permitir una posterior compra por parte de la Alcaldía, en beneficio de los antiguos propietarios.

Además, se detalló que el inmueble estaba inicialmente valorado en 44 mil millones de pesos, pero se pretendía pagar por él 54 mil millones, suma que luego se ajustó a 42 mil millones de pesos, pese a que, según la entidad investigadora, el lote ya había sido recibido oficialmente por el Distrito a través del Banco de Tierras.

La fiscal del caso explicó que las obras de adecuación del terreno para convertirlo en un ecoparque iban a estar a cargo de los privados, según lo estipulado originalmente. También insistió en que de los 23 inmuebles recibidos por obligaciones urbanísticas, solo el predio Aguas Vivas fue devuelto a sus antiguos dueños, a pesar de que había otros con condiciones similares.

Imputaciones por peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción

En un segundo grupo, separado del anterior, se encuentran funcionarios de alto nivel y tres ciudadanos particulares vinculados directamente con la propiedad del predio. A estas personas se les imputó haber expedido actos administrativos y promovido decisiones que resultaron en beneficio económico directo para los propietarios del lote.

Imputaciones por prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros:

• Daniel Quintero Calle – Exalcalde de Medellín.
• Fabio Andrés García Trujillo – Exsecretario General de la Alcaldía.
• José Fernando Rueda Salazar – Representante legal de Técnicas Constructivas.
• Juan Diego de Jesús Moreno Barón – Representante legal de IDC Inversiones.
• Juan Manuel Villegas Márquez – Copropietario del predio Aguas Vivas.

La Fiscalía señaló que Quintero y García firmaron un decreto mediante el cual se reglamentó el programa Valle del Software, permitiendo que en el predio Aguas Vivas se desarrollaran proyectos como hoteles y espacios de hospedaje. Estas decisiones, según la Fiscalía, se tomaron desconociendo las restricciones legales y ambientales que pesaban sobre el terreno, el cual cuenta con reserva forestal y estaba clasificado en parte como suelo rural.

Este decreto habría incrementado de forma significativa el valor del lote, generando condiciones para una venta al Distrito en condiciones favorables para los particulares implicados.

La Fiscalía General de la Nación insistió que el exalcalde Daniel Quintero desconoció de manera arbitraria el Plan de Ordenamiento Territorial y se modificó de manera ilegal el mismo, para permitir la construcción de infraestructura en el lote Aguas Vivas, Las Brisas, Ecoparque Las Palmas y otros. Sin embargo, existen múltiples restricción por motivos de control de riesgo y preservación hídrica. Manifestó la Fiscal que se le trato de dar un aparente tratamiento de legalidad, pero esto no fue así.

Solicitud de no darle validez a la imputación

Los abogados de la defensa de los implicados insistieron que la Fiscalía no dio claridad sobre los hechos punibles y concreto, por lo que solicitaron no aceptar la imputación. Varios de los defensores alegaron que no había claridad, por ejemplo, de cuáles eran contratos a los que se les dio un interés indebido.

Aplazamiento de imputación a dos exfuncionarias

Por razones procesales, no se les imputaron cargos en esta audiencia a las exfuncionarias Vanessa González Montoya y Yina Marcela Pedroza Gómez, ya que su abogado no estaba presente. La Fiscalía dejó constancia de que su situación jurídica será definida en una audiencia posterior.

Este proceso hace parte de un conjunto de 650 presuntos hallazgos trasladados por la administración del alcalde Federico Gutiérrez, dentro de los cuales se encuentra el caso del predio Aguas Vivas.