La fiscalía imputó cargos a un exdirectivo de EPM, un contratista y un interventor de Hidroituango

Medellín

La Fiscalía General de la Nación entregó detalles de la imputación de cargos que hizo la entidad contra un exdirectivo de EPM, un contratista y un interventor del proyecto Hidroituango por la construcción del sistema de desviación de túneles del río Cauca, lo que según el ente investigador “las obras realizadas modificaron la dinámica natural de la corriente de la fuente hídrica, por fuera del licenciamiento ambiental; pusieron en peligro a las comunidades ribereñas y ocasionaron el detrimento de recursos públicos”, mencionó en un comunicado.

Según la fiscalía, los imputados son: el exdirector Ambiental, Social y de Sostenibilidad del Proyecto Ituango de EPM ESP, Jorge Ignacio Castaño Giraldo; al representante legal del consorcio constructor CCC Ituango, Santiago García Cadavid; y al representante legal y gerente de la interventoría del proyecto, Álvaro Aravi Castro Vásquez.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía expuso como elementos probatorios que la decisión de implementar los túneles de desviación del río Cauca se concretó entre las partes involucradas, EPM y contratistas, con la firma de actas de modificación de los contratos de obra principales y de interventoría.

Al respecto, la fiscal del caso indicó: “Se trata de obras que modificaban el diseño original y, por lo tanto, con impacto en los requisitos de prevención, mitigación, corrección y compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra autorizada, requisitos que, conforme al artículo 50 de la Ley 99 de 1993, debía respetar el beneficiario de la licencia.”

Mientras que en el comunicado agregó el ente investigador: “Esto representó la disposición de recursos del erario, en tanto fueron apropiados por la Empresa de Servicios Públicos de Medellín (EPM) en favor de los contratistas, a través de la celebración de las actas modificatorias para la ejecución de obras no licenciadas y efectivamente pagadas, por un valor superior a 339.107 millones de pesos”.

Responsabilidades individuales

se detalló que el Consorcio CCC Ituango, mediante su representante legal, el señor Santiago García Cadavid, con la interventoría del proyecto Consorcio Ingetec - Sedic, en cabeza de Álvaro Aravi Castro Vásquez, le habría “impuesto” a Hidroituango un diseño que no estaba dentro del original, lo que para la fiscalía generó daños ambientales en la cuenca media y baja del río Cauca.

Mientras que el señor Jorge Ignacio Castaño Giraldo, como director Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango EPM para la época de la imputación, habría acordado la modificación, lo que significaba un hecho contrario a sus funciones en cuanto a lo ambiental, por el daño ocasionado y lo social por el impacto a las comunidades.

“En el curso de la investigación se estableció que las obras se realizaron incumpliendo la normatividad ambiental, pues no se obtuvo modificación de la licencia ambiental y se avanzó en los trabajos sin el estudio de impacto. Se adelantaron sin que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se pronunciara sobre los aspectos de compensación, mitigación, control, manejo, seguimiento y mejoramiento del entorno humano y biológico del proyecto, así como los requerimientos sociales y ambientales”.

Finalmente, se informó que los tres imputados, el exdirectivo, el contratista del Consorcio CCC y el interventor, no aceptaron los presuntos delitos indilgados por el grupo adscrito a la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.