JEP rechaza solicitud de sometimiento de exgobernador del Meta, Edilberto Castro Rincón
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que su aporte a la verdad era precario y faltaba a la transparencia y al compromiso.
Edilberto Castro Rincón | Foto: Colprensa
JUSTICIA
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió rechazar la solicitud de sometimiento de Edilberto Castro Rincón, exgobernador del departamento del Meta entre 2004 y 2007.
De acuerdo con la JEP, el compromiso de no repetición, plan de restauración y aporte de verdad del exgobernador fue precario y no tuvo transparencia ni compromiso.
“Fue evidente la falta de transparencia y compromiso del peticionario con la JEP, pues no solo trató de usarla para beneficio propio, sino que el reiterado incumplimiento a las múltiples oportunidades brindadas por este despacho de presentar su CCCP, lleva a cuestionar su verdadero interés de satisfacer las exigencias de esta justicia transicional, de aportar al principio de centralidad de las víctimas y de suministrar verdad a la sociedad en general, por lo que no solo es justificado, sino necesario, rechazar su solicitud de sometimiento”, se lee en la decisión.
Recordemos que al exgobernador del Meta se le acusa de aliarse durante su mandato, con alias ‘Don Mario’ y alias ‘Miguel Arroyave’, comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para obtener réditos electorales a cambio de darle a esa organización delincuencial y paramilitar contraprestaciones en dinero, a través de contratos sin requisitos legales con la gobernación.
Esto permitió al Bloque Centauros consolidar el control político en el Meta y participar en diferentes foros de paz, lo que luego facilitó su desmovilización y escaños en el Congreso, además, esta alianza terminó en el asesinato del exgobernador del Meta Carlos Javier Sabogal Mojica y a su contrincante político Euser Rondón Vargas, cuya campaña fue financiada igualmente por las AUC.
Cabe resaltar que por los delitos de homicidio agravado, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó el 2 de noviembre de 2007 a la pena de 40 años de prisión y multa de 2.270 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
