Al presidente de la Mesa Minera Segovia-Remedios le desmontaron el esquema de seguridad
El líder minero había solicitado una reevaluación de seguridad por unas recientes amenazas de la guerrilla del ELN y la respuesta es que le quitaban los escoltas y el carro.
Antioquia
Yarley Marín López, presidente de la Mesa Minera Segovia-Remedios en el Nordeste de Antioquia, está manifestando una gran preocupación porque la Unidad Nacional de Protección le desmonte del esquema de seguridad que consistía en un carro blindado y dos escoltas. Indica que él, por su trabajo en defensa de los pequeños mineros, ha recibido múltiples amenazas en su contra de grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio.
Aseguró que todo comenzó cuando solicitó a la UNP una reevaluación de su seguridad luego de recibir amenazas del grupo ilegal ELN tras denunciar una incursión armada en un caserío de la zona. Lo que pone su vida en riesgo por la alta injerencia de esa guerrilla en el Nordeste. El líder interpuso un recurso de reposición; pese a ello, la entidad se ratifica en la decisión de dejarlo sin seguridad.
“Efectivamente, le vamos a desmontar el esquema y yo les dije, pero como así me quedo con un hombre y me dicen que no se queda con ninguno; entonces llaman a los escoltas desde la unidad, desde la empresa que los emplea, y les dice que hoy se tienen que presentar a Medellín. Ayer en horas de la tarde, los escoltas me dejan en mi casa; ya quedo sin ningún medio de protección”.
El señor Marín López interpuso una acción de tutela para que se restablezca el esquema de seguridad y el juez le ordenó a la entidad devolverle el carro blindado y los dos escoltas. Lo que por ahora no se ha hecho efectivo, ya que la UNP también tiene la posibilidad de apelar dicha orden judicial. Por lo que dice, teme por su integridad por la zona tan compleja en materia de orden público que atraviesan esas dos poblaciones, Segovia y Remedios.
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“Nosotros, como líderes gremiales de la mesa minera, pues estamos más expuestos. Acabamos de salir de un paro. Hemos hecho un sinnúmero de denuncias contra funcionarios públicos, especialmente contra algunos efectivos de la UNIMIL. Tenemos un proceso de acción popular contra una multinacional que venimos batallando sobre esta situación. Somos unas personas públicamente expuestas por nuestra actividad que realizamos en cada uno de los territorios. Aquí el tema de la violencia se expande cada día. Los grupos armados al margen de la ley están por doquier”, recalcó el también vocero de Coordinadora Nacional Minera.
Mientras que desde la Fundación Sumapaz rechazaron el desmonte sistemático de la seguridad de personas expuestas a posibles ataques de los ilegales.
“La mesa minera tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que vemos una contradicción en el lenguaje del Estado colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, en temas fundamentales como las garantías de seguridad y no repetición, toda vez que conocemos en detalle todas las dinámicas de violencia que se vienen presentando en esta subregión. Otro elemento importante es que la Mesa Minera de Remedios y Segovia fue reconocida como víctima del conflicto armado en Colombia”, dijo Yesid Zapata, vocero de Sumapaz.
Finalmente, el líder Yarley Marín López cree que podría ser una persecución luego de liderar varias manifestaciones sociales para exigir el respeto por los derechos de las comunidades.