Procuraduría interviene en caso de bebé de dos meses presuntamente asesinada en Soacha
Imagen de archivo - Colprensa.
Colombia
En un comunicado emitido este viernes, la Procuraduría informó que se constituyó una agencia especial para acompañar el proceso penal que investiga el caso de la bebé fallecida. “La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales designó como agente especial al Procurador 221 Judicial I Penal de Soacha, quien participará y hará acompañamiento permanente en las diligencias relacionadas con este caso”, se lee en el documento.
Detalles del caso
Según el reporte inicial, la bebé llegó sin vida al Hospital Mario Gaitán Yanguas, donde los médicos constataron que presentaba signos de abuso físico y presunto abuso sexual. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, expresó su rechazo ante lo sucedido. “Lamento y me llena de rabia y dolor lo ocurrido a una pequeña de tan solo dos meses en nuestra ciudad. Nunca, aquí ni en ningún lugar del mundo, debería ocurrir un hecho tan atroz como este”, afirmó.
Sánchez también pidió “celeridad absoluta y una actuación contundente para garantizar justicia” y destacó que ya se han capturado a los primeros sospechosos. “Se adelanta una exhaustiva investigación en el círculo cercano de la víctima y ya tenemos a los primeros detenidos”, agregó.
Respuesta del ICBF
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también se pronunció rechazando los hechos. A través de sus redes sociales, expresó su “repudio absoluto ante la muerte atroz de una niña de un mes y 16 días de nacida”. Asimismo, informó que un equipo de la Defensoría de Familia activó el protocolo de atención y coordinación con las autoridades competentes para garantizar la protección de otro menor que forma parte del hogar.
Consternación nacional y demandas de justicia
El caso ha generado indignación en todo el país, con llamados a la justicia para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables. Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras organismos como la Procuraduría y el ICBF supervisan el proceso para asegurar la protección de los derechos de los menores de edad.
