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Corte Constitucional exonera a la Universidad de Cartagena de deuda con Ecopetrol

La gobernación celebró la decisión y aseguró que la sentencia protege el patrimonio de la institución y asegura su sostenibilidad futura

Gobernador de bolívar, Yamil Arana y rector de la Universidad de Cartagena, William Malkun

Gobernador de bolívar, Yamil Arana y rector de la Universidad de Cartagena, William Malkun

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En una decisión emitida por la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, se dejó sin efectos una sentencia que obligaba a la Universidad de Cartagena a devolver más de $50.000 millones a Ecopetrol, monto recaudado por concepto de una estampilla. Este fallo pone fin a un litigio que se remontaba a 2006 y que representaba una amenaza para la estabilidad institucional de la universidad.

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“Estamos complacidos por esta sentencia ajustada a derecho, que defiende el presente y el futuro de miles de estudiantes de Cartagena, Bolívar y de todo el Caribe”, dijo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana. Por su parte, el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún, calificó la decisión como la mejor noticia recibida por el claustro, afirmando que la defensa de la institución es un compromiso con los jóvenes de Bolívar y la Costa Caribe.

El fallo destaca la relevancia constitucional del caso, señalando que este estaba relacionado con la garantía del debido proceso, una indebida valoración probatoria y el fenómeno de cosa juzgada. En el texto de la sentencia se lee: “Al valorar la relevancia constitucional del caso, precisó que guardaba relación con la aplicación de normas de rango superior, como la garantía del debido proceso por una indebida valoración probatoria y la posible configuración del fenómeno de la cosa juzgada, por la existencia de decisiones ejecutoriadas que, presuntamente, habrían dado lugar al pago por parte de Ecopetrol S.A. y a favor de la Universidad de Cartagena”.

Además, la Corte amparó los derechos fundamentales de la Universidad de Cartagena al debido proceso, defensa, acceso efectivo a la administración de justicia, confianza legítima y seguridad jurídica. Este fallo representa un triunfo legal que asegura la continuidad de los proyectos educativos y el bienestar de miles de estudiantes de la región Caribe.

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