Asopostal exige acciones urgentes al Gobierno tras asesinato de trabajadora en Cesar
Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal, indicó que la red postal nacional hoy cuenta con 52 mil puntos en el país, pero la operación en las regiones es insostenible por el accionar de grupos criminales.
Asopostal exige acciones urgentes al Gobierno tras asesinato de trabajadora en Cesar
Juan Andrés Carreño, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Postales (Asopostal) exigió al Gobierno Nacional replantear su política de seguridad y ‘Paz Total’ en las regiones del país tras el asesinato de Marlen Fernanda Mozo, empleada de un establecimiento de SuperGIROS, en el municipio de Bosconia, en Cesar, por parte del Clan del Golfo.
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El ataque a la joven de 20 años, quien era madre de una niña de seis meses, ocurrió el pasado lunes 4 de noviembre, en su lugar de trabajo. Previo al asesinato, integrantes de grupos armados habían advertido a los trabajadores de SuperGIROS no abrir los locales postales.
De acuerdo con las autoridades locales, el sujeto que le disparó dejó un panfleto en el que se leía: “Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), presente: “Primero, quiero rechazar el asesinato de la colaboradora Marlen Fernanda mozo, en el municipio de Bosconia. Realmente muy doloroso que una niña de apenas 20 años sea asesinada por no cumplir una orden de cierre porque esto no fue un atraco”.
De acuerdo con Carreño, a nivel nacional la red postal cuenta con 52 mil puntos de atención, no obstante, la operación de muchos establecimientos se está viendo afectada por la falta de protección de sus trabajadores. Este es el caso de las oficinas de SuperGIROS en los departamentos de Magdalena, La Guajira, Cesar y en el Atlántico: “Que esto sirva para que el Gobierno Nacional revise las políticas en la de seguridad de la “Colombia profunda”, esto no puede seguir ocurriendo. Es realmente una situación muy preocupante que creo que obliga al Gobierno Nacional a revisar toda su política de seguridad y de ´Paz Total’”.
Con relación al orden de cierre de puntos postales, indicó que es una estrategia de grupos armados, particularmente del Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, para que los comercios que funcionan en determinados municipios cierren temporalmente mientras se logran negociaciones con cada una de las empresas que funcionan en todas estas regiones: “Claramente, es una estrategia extorsiva, pero, pues digamos lo que está ocurriendo de que vengan y apliquen pena de muerte a una funcionaria humilde, pues yo creo que ya se sale de cualquier contexto y me parece que este caso tiene que prender las alarmas del señor Presidente de la República, del ministro de Defensa y del ministro del Interior para que se tomen políticas diferentes porque estamos perdiendo el país en el territorio”.
Para Carreño, el principal problema es que los mismos sujetos que están extorsionando a las empresas del gremio están conversaciones de paz con el Gobierno, lo que dificulta la mano dura contra los extorsionistas: “la Policía, desafortunadamente, no siempre tiene los recursos que se requieren. Hay que decir que siempre hemos visto un compromiso gigantesco de las Fuerzas Armadas con la actividad empresarial y comercial en las distintas zonas y departamentos del país, pero si no se tiene el apoyo suficiente desde el Gobierno Nacional ocurre en este tipo de circunstancias”.
El presidente Asopostal aseveró que, este hecho atroz no puede quedar impune y reiteró que, el Gobierno Nacional debe revisar cómo, en conjunto, se logra que la seguridad en las regiones funcione de una manera diferente “porque hoy realmente no se puede operar y nosotros entre otras cosas cumplimos funciones muy importantes para el Gobierno como atomizar los subsidios a lo largo y ancho del país, en más de 1000 municipios. Entonces, es una situación preocupante que requiere acciones serias y efectivas”.
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