EPM pide verificar cumplimiento de ley anticorrupción en nombramiento de Carrillo en ISA

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) manifestó su preocupación ante la junta directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), ante el posible incumplimiento de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), una ley anticorrupción de Estados Unidos, durante el proceso de nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de la compañía.

En una comunicación oficial enviada por Jhon Maya Salazar, gerente general de EPM, a la junta directiva de ISA, la entidad, que es accionista minoritaria de ISA y tiene un asiento en la junta, instó a que se asegurara el cumplimiento de esta legislación, considerada crucial para la integridad y sostenibilidad de las operaciones internacionales de ISA. La FCPA prohíbe que empresas con acciones en el mercado estadounidense mantengan vínculos con personas cuestionadas por hechos de corrupción.

Actualmente, según ha trascendido, ISA está evaluando el riesgo de una cláusula de salida por parte de los inversionistas estadounidenses si se vincula formalmente a Carrillo a una investigación por corrupción mientras esté en el cargo y las consecuencias que traería la FCPA en ese caso.

EPM, a través de la comunicación de Maya Salazar, también solicitó a la junta directiva de ISA una revisión exhaustiva del proceso de selección de Carrillo, pidiendo asegurarse de que se hubieran cumplido los altos estándares de gobierno corporativo que rigen a la empresa. Además, EPM exigió que se confirmara si se habían seguido de manera estricta las recomendaciones de la firma cazatalentos encargada de liderar la búsqueda y selección de candidatos.

En su comunicación a la junta directiva de ISA, EPM resaltó la necesidad de garantizar que la selección de Jorge Carrillo como presidente de ISA se hubiera realizado de manera transparente y conforme a los estándares internacionales. La empresa expresó su confianza en que el proceso de selección se haya alineado con las mejores prácticas del mercado y que Carrillo haya sido elegido basándose en su experiencia y solvencia ética. Sin embargo, EPM también advirtió sobre los riesgos potenciales que conlleva su nombramiento, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de la FCPA.

Las denuncias de posible corrupción que vinculan a Carrillo

Aunque ni la Procuraduría General de la Nación, ni las Contralorías General de la República y Distrital de Medellín, ni la Personería de Medellín, ni la Fiscalía General de la Nación han abierto oficialmente investigaciones contra Jorge Carrillo, existen múltiples señalamientos que han despertado preocupación en torno a su idoneidad ética. Incluso, Caracol Radio ha confirmad que hay al menos siete denuncias en los entes de control y dos superintendencias.

Uno de los casos más destacados tiene que ver con la gerencia de Afinia, filial de EPM que presta servicios de energía en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Según denunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, un testigo protegido reveló que la gerencia de Afinia habría sido vendida por 8 millones de dólares a personas cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Este acuerdo supuestamente se pactó en un restaurante de Las Palmas, donde participaron el exsecretario Esteban Restrepo y los supuestos compradores del cargo.

En Hidroituango, desde 2021 se rumoraba sobre la posible entrada de empresas chinas al proyecto. Durante la administración de Quintero, se denunció que se elaboró un pliego sastre para favorecer a estas compañías; Finalmente la llegada de los asiáticos se concretó en 2023, cuando se adjudicó el contrato a una unión temporal con mayoría de una multinacional china.

Además, Emvarias, otra filial de EPM, se vio involucrada en un contrato polémico durante la alcaldía de Quintero. El contrato de cargue lateral para la recolección de residuos sólidos, firmado con la empresa Themac, propiedad del empresario catalán Manuel Grau, cercano al presidente Gustavo Petro, generó una serie de presuntas irregularidades que fueron denunciadas. La nueva administración de EPM, encabezada por Jhon Maya, logró reversar el contrato tras descubrir que no cumplía con las condiciones técnicas necesarias y que ponía en riesgo la estabilidad financiera de Emvarias.