Defensoría pide atención urgente por brote de paludismo en Chocó
Tras el levantamiento del paro armado por parte del ELN, el organismo humanitario advirtió riesgo de desabastecimiento y pidió medidas por parte de las autoridades gubernamentales
Defensoría del Pueblo recorriendo el chochó, tras levantamiento del paro armado promovido por el ELN
ORDEN PÚBLICO
Unas 600 personas de la comunidad La Lerma, en el municipio del Medio San Juan, presentan síntomas de paludismo y 160 de ellas que dieron positivo, no pudieron recibir tratamientos ni tener acceso a medicamentos durante los días del paro promovido por el ELN en Chocó.
El paludismo es una enfermedad que causa síntomas leves, como escalofrío, dolor de cabeza, fiebre; sin embargo, puede desencadenar síntomas mucho más preocupantes, como fatiga, dificultad profunda para respirar, incluso convulsiones, entre otros.
Advierte la Defensoría del Pueblo que, si la patología no es tratada a tiempo, “podría ser mortal para menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas susceptibles de una infección aguda, razón por la que es determinante la atención urgente y el reinicio en la toma de medicamentos”.
Hay desabastecimiento
Otro de los efectos directos que dejó el paro armado en chocó, es el desabastecimiento.
La Defensoría del Pueblo advierte falta de combustible, necesario para la movilización, principalmente vía fluvial (a través de los ríos San Juan, Sipí y Cajón), de alimentos y enseres.
Preocupa a la entidad de derechos humanos que los cerca de 45.000 afectados por el paro armado en cinco municipios (Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan) estén sintiendo la ausencia de productos indispensables de la canasta familiar. Por consiguiente, la seguridad alimentaria debe ser garantizada en la subregión del San Juan.
Miedo en las comunidades a movilizarse.
Las comunidades sienten temor de movilizarse por ríos y carreteras. Se ven en la obligación, para salvaguardar su vida e integridad, de seguir confinadas para evitar represalias por parte de los grupos armados.
“El Estado debe implementar acciones de protección y seguridad que les permitan a las familias, en su mayoría afro e indígenas, trasladarse de un lugar a otro para que puedan realizar sus labores diarias, y a los menores de edad y docentes, retornar a los centros educativos”, dice la Defensoría.
El organismo humanitario pidió al gobierno nacional, regional y local implementar acciones directas para proteger a la población.
