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Arauca sigue siendo epicentro de desplazamiento forzado

Asociaciones de Víctimas denuncian que se alteró el conflicto interno en el departamento desde enero del 2022, pero que en 2024 se ha recrudecido la violencia en contra de los campesinos.

Imagen referencial conflicto armado y desplazamiento forzado en el departamento de Arauca. Cortesía: Colprensa.

Arauca

El departamento de Arauca sigue siendo un epicentro del desplazamiento forzado debido al conflicto armado, por lo que líderes sociales de esa región denunciaron una serie de desapariciones o posibles secuestros, en pleno fin de semana patrio.

La Asociación de Víctimas de Arauca Colombia (ASOVICARC) y la Corporación Ambiental Amazonia Verde, han evidenciado que se alteró el conflicto interno en el departamento de Arauca, desde enero del 2022, entre grupos armados al margen de la ley, con lo que hasta el año pasado se ha contabilizado más de 600 homicidios y 3 mil desplazamientos. Estos datos, en plena mitad del 2024, se han convertido en subregistros por parte de asociaciones, ante posibles retaliaciones que nacen desde el temor a denunciar o robos de bienes, como ganados y cultivos.

Lo anterior en términos generales, pero el nuevo temor se demuestra en pleno 2024, en el recrudecimiento de la violencia en contra de los campesinos, tal como denuncia Claudia Orduz, quien pertenece a la Asociación de Víctimas de Arauca Colombia (ASOVICARC).

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“Es un conflicto que no entendemos, porque desde el Gobierno Nacional no se intercede, no se toma esa mirada más fuerte en el territorio para entender que la violencia está acabando con el progreso de la misma población (...) digamos que en los límites entre Tame, Arauquita y Puerto Rondón, esos son territorios que están en disputa por los grupos ilegales y que sale afectada la población civil”, aseguró.

Uno de esos casos, se registró el pasado 20 de julio a las 8 de la noche en la finca El Lucero de la vereda La Esmeralda, municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca, la guerrilla del ELN, llevó a cabo un asalto, secuestrando al líder social Rubén Vega Vezga, miembro de ASOVICARC y de la Corporación Ambiental Amazonia Verde. Desde entonces, su paradero es desconocido. Adicionalmente, fue secuestrado otro campesino, William Arbey Piña Artaona, presente en la finca, cuyo destino también es incierto.

Informes de los residentes locales indican que otros 5 campesinos se encuentran desaparecidos, sin que se haya podido identificarlos aún, profundizando la realidad del secuestro y el desplazamiento forzado en la región.

Por eso le exigen al Estado colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, mayor seguridad para ese departamento y evaluar las condiciones, dentro de la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN.

Queremos respuestas, queremos que le garanticen la vida a nuestro compañero y a las demás personas que se las llevaron, que por favor sean devueltas al seno de sus hogares, sanos, salvos y dignificados; y que sea tomado eso como un punto dentro del proceso de Paz y negociación con el ELN para que se tenga en cuenta que no debe haber más desplazamiento ni secuestros.” dijo Orduz.

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En cuanto a recientes registros de la Personería Municipal de Puerto Rondón, Arauca, van 52 Personas de las veredas Normandía y El Progreso, que han llegado desplazados de manera masiva al casco Urbano y se tiene información de 3 personas retenidas por parte de un grupo armado organizado. Pide ayuda de Cooperación Internacional y de la Unidad de Víctimas.

Según ASOVICARC y de la Corporación Ambiental Amazonia Verde, día a día se constata la incapacidad del Estado para abordar esta crisis social y humanitaria de manera efectiva. Hasta la fecha, no se han implementado medidas que garanticen la protección de la vida e integridad de los habitantes de Arauca, dejándolos vulnerables ante la violencia y el terror impuestos por grupos al margen de la ley.

Por último, en ambas asociaciones, aseguran tener información que habitantes de la región se encuentran escondidos por el temor a ser otra cifra de desaparecidos; e instan enérgicamente a las organizaciones internacionales, al Gobierno Nacional y a los organismos de derechos humanos a actuar de inmediato para proteger a la población civil y garantizar el ejercicio social, libre de la amenaza constante de desaparición y violencia.