Polémica en Antioquia: Gobernación pide autorización para cobrar impuesto para seguridad

Antioquia

Hay polémica en Antioquia por el proyecto de ordenanza 27 radicado por la Gobernación, el pasado 28 de junio, que busca autorización para crear una tasa para la seguridad que se cobraría a través de la cuenta de servicios públicos.

Juan Felipe Vélez, diputado de Creemos y ponente de la iniciativa le dijo a Caracol Radio que su proposición será negativa.

“Este proyecto hoy en día primero no es conveniente por la situación económica que está cruzando el país, porque es que vamos a agravar los estratos 4, 5 y 6 y las empresas de uso industrial y comercial, dependiendo del número de kilovatios o del consumo de kilovatios mensual. Y pues obviamente nadie está preparado para esto. Económicamente es una tasa, es un impuesto prácticamente que es regresivo y pues en este momento la situación del país no la permite”, explicó el diputado Vélez.

Aunque reconoce todas las dificultades que tiene el departamento en la comunicación y consecución de recursos por parte del gobierno nacional para diversos temas, considera que falta socialización y consenso con quienes tendrán que pagar dicho impuesto.

“Digamos que nuestra crítica más grande, porque esto sería para dineros en seguridad, para fortalecer la seguridad en el departamento de Antioquia. Tampoco podemos desconocer que la seguridad de Antioquia está realmente grave. No hay mucho apoyo del Gobierno Nacional, no hay muchos recursos para poder afrontar todas las problemáticas y todos los grupos armados, la delincuencia común. Y hay que hablar sobre seguridad, pero yo creo que falta ese espacio de socialización previa, falta ese espacio de apertura, de buscar opiniones, de buscar alternativas. Y por eso yo presento ponencia negativa al debate, porque lo veo constitucional, legal, pero completamente inconveniente en este momento”.

¿Qué dicen los empresarios?

El Comité Intergremial en Antioquia recibió con sorpresa la propuesta que consideran inconveniente en este momento por el que pasa la economía del país.

“No solamente los ciudadanos, sino el sector empresarial y gremial antioqueño no se tuvo en cuenta para ningún diálogo, discusión, análisis o presentar sus propuestas al respecto. Vemos improcedente que en medio de una recesión económica como la que estamos viviendo en Colombia y en Antioquia, se quiera cobrar un nuevo impuesto, lo que precisamente va en contravía de la crisis que tenemos. Lo que deberíamos hacer es promover antes cómo generar más empleo, más progreso, más competitividad y no solamente cobrar unos impuestos. Nicolás Posada, presidente de Intergremial en Antioquia”.

Ante la falta de socialización, cuestionan si el proyecto rayaría con suplantar las funciones del gobierno nacional.

“Además, estos impuestos están vinculados a un tema de seguridad, donde vemos que la seguridad está administrada desde el Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, Gobernaciones y Alcaldías. Entonces, si estuviéramos suplantando unas obligaciones que tienen todas estas entidades con todos los ciudadanos de Colombia, llámese empresarios, llámese lo que sea”.

¿Cuánto pagarían los ciudadanos y empresas si se aprueba la ordenanza en la Asamblea?

En Caracol Radio revisamos la fórmula que emplearía la Gobernación para realizar el cobro de esa tasa de para la seguridad. El impuesto sería solo para los estratos 4, 5 y 6 y para todo el comercio e industriales del departamento a estos últimos, el cobro se les calcularía de acuerdo al consumo.

El estrato cuatro pagaría sobre la base de la UVT, que es la Unidad de Valor Tributario de 0,29, es decir, el impuesto a sus servicios de energía sería por $13.648, adicionales a su consumo. El estrato cinco pagaría 0,53 de la UVT, $24.944 más y al estrato seis le correspondería 0,93 de la UVT, es decir, $ 43.770, mensuales.

En el caso del comercio la medición variaría dependiendo del consumo tal y como se muestra en la gráfica, esos valores podrían llegar al $1.788.470 mensuales que correspondería a 38 UVT.

¿Qué plantea el proyecto de ordenanza?

La ordenanza 27 firmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el secretario de Hacienda, Eugenio Prieto y el jefe de la cartera de seguridad, el general en retiro Luis Martínez, plantea la necesidad de conseguir recursos para fortalecer las estrategias de seguridad en el departamento teniendo en cuenta los altos índices de criminalidad.

Esto contempla el documento de 18 páginas:

Estrategia de gerencias del delito, escuadrones militares y policiales, Antioquia segura, tecnología para la seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana, sistema de participación ciudadana para la gestión territorial de la seguridad y la convivencia, gerencia contra las violencias basadas en género, acceso a la justicia, prevención y tratamiento del consumo problemático de sustancias psicoactivas y prevención temprana del delito, fortaleza del sistema penitenciario y carcelario, promoción de la convivencia.

La discusión de este proyecto arrancará en los próximos días, en la Asamblea departamental.