Fernando Villavicencio: 34 años de cárcel para los cinco implicados en el magnicidio
El tribunal encargado del caso afirmó que los culpables recibirán entre 12 y 34 años de cárcel, incluyendo a la persona que dio la orden de asesinar al candidato
Dos de los acusados foman parte de la banda criminal Los Lobos (EFE) / STR (EFE)
Las autoridades ecuatorianas encargadas de llevar el caso en contra de los asesinos del candidato presidencial, Fernando Villavicencio en agosto del año pasado, hallaron que por lo menos dos de los implicados pertenecen al grupo criminal, Los Lobos.
Villavicencio recibió un disparo, que provocó su muerte, el 9 de agosto del año pasado, al finalizar un acto de campaña en el norte de Quito. Y de acuerdo con las autoridades, Carlos Angulo, más conocido como “el invisible”, fue el encargado de dar la orden para asesinar al candidato. De acuerdo con las investigaciones, Angulo forma parte de la banda criminal Los Lobos y coordinó el asesinato desde la cárcel El Inca, en Quito, en donde se encontraba privado de su libertad por tráfico de armas y drogas.
De acuerdo con el juez que maneja el caso, Milton Maroto, a Carlos Angulo, “se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad”, al igual que Laura Castillo, también miembro del grupo criminal que Los Lobos, por proveer armas, dinero y vehículos para los sicarios que participaron en el crimen.
En cuanto a los otros involucrados, se encuentran Erick Ramírez, encargado de la logística en el lugar del asesinato; Víctor Flores, encargado de proteger la moto en la que iba el hombre que disparó y Alexandra Chambo, encargada de avisar a los sicarios sobre la salida del candidato. A los tres se les condenó a 12 años de prisión.
Aunque había más implicados en el crímen, el encargo de propinar el disparo a Villavicencio, murió en el lugar de los hechos, mientras que otras siete personas sospechosas de nacionalidad colombiana, fueron asesinadas en octubre en la cárcel.
Desde el inició del juicio, el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que, “la cabeza de Villavicencio valía 200.000 dólares”, y que en su muerte estaban involucradas personas del gobierno del Expresidente, Rafael Correa. Sin embargo, Correa, que actualmente reside en Bélgica, niega todo tipo de vínculo con este crimen.
Si bien, la sentencia aplicada por el juez Maroto resulta reconfortante para la familia de Villavicencio, es necesario resaltar que esta pertenece a una primera instancia y puede ser apelada por los acusados como por la Fiscalía.
