Venezuela: piden aplazar elecciones y denuncian inhabilitación de alcaldes opositores
Mientras la oposición denuncia una constante persecución, diputados del oficialismo han sugerido aplazar la jornada de elecciones presidenciales.
El opositor venezolano Henrique Capriles tachó este miércoles de “aberrante” la inhabilitación de “10 alcaldes” antichavistas por parte de la Contraloría General, lo que, a juicio del exgobernador, demuestra el “desespero” del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
“Sigue Maduro en modo desespero y vuelve a usar las instituciones para violentar la ley y el derecho ciudadano. Esta vez inhabilitan a 10 alcaldes”, dijo Capriles en la red social X.
El dos veces aspirante presidencial aseguró que este grupo de alcaldes, de los estados Trujillo (oeste) y Nueva Esparta (noreste), fueron inhabilitados como represalia por apoyar la candidatura de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, con Edmundo González Urrutia, a los venideros comicios.
¿Quiénes fueron inhabilitados?
Según refleja este miércoles la página web de la Contraloría, los alcaldes opositores Iraima Vásquez y José María Fermín, del municipio Tubores y Villalba, respectivamente, en Nueva Esparta, y Heriberto Materán, de la localidad de Motatán, en Trujillo, fueron inhabilitados por 15 años para ocupar cargos públicos.
La página de la institución indica que las inhabilitaciones se hicieron según dos resoluciones con fecha del 24 de mayo de 2024.
El pasado abril, la institución inhabilitó a cinco opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer “cualquier cargo” público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses.
Aplazar elecciones
El diputado venezolano Jaime González, quien se define como opositor, solicitó este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspender las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio hasta que sean levantadas las sanciones internacionales, entre ellas las impuestas por Estados Unidos.
El legislador, quien milita en el partido socialcristiano Copei, intervenido por el TSJ, explicó que solicitó a la Sala Constitucional del máximo tribunal una “medida cautelar innominada de suspensión temporal de todos los procesos electorales nacionales, regionales y municipales que estén pendientes legal y constitucionalmente, incluidas las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio”.
Esta suspensión, prosiguió, sería hasta que “cesen todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, hostiles, leyes, órdenes ejecutivas, decretos, embargos y otras (...) de agresión que le han sido impuestas a la República Bolivariana de Venezuela, al Gobierno nacional, a personas, bienes, buques, aeronaves y recursos financieros confiscados por el Gobierno de los Estados Unidos de América y algunos de sus socios”.
Todo en manos del Tribunal y de Estados Unidos
En este sentido, espera que el TSJ “decrete amparo constitucional a favor de los intereses” de la nación, así como a los de altos funcionarios, a título personal, “en contra de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y criminales impuestas” por EE.UU. “y sus aliados”.
En octubre pasado, el Gobierno estadounidense suspendió de forma temporal -por seis meses- las sanciones contra Venezuela, entre ellas las relacionadas con su petróleo y gas, como “incentivo” para que el país caribeño celebre unas presidenciales “competitivas”, y con la posibilidad de extender el alivio una vez vencido el plazo.
Sin embargo, en abril, Washington revirtió parcialmente el alivio de estas medidas al acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de incumplir compromisos electorales.