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Así se robaron la plata de los jagüeyes y del alquiler de maquinaria en La Guajira

Germán, el Manchi Mejía Sierra, un político conservador de Uribía, sería la pieza clave en la repartición de 75 mil millones de pesos para la construcción de jagüeyes en la Guajira, que jamás se construyeron y cuyos dineros se habrían ido a la financiación de campañas políticas.

Cada día que pasa se conocen aún más los alcances de la corrupción que se dio en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en cabeza de Olmedo López y su ahora exsubdirector, Sneyder Pinilla. Además de la compra y alquiler de carrotanques que no entraron en funcionamiento, de los recursos de las ollas comunitarias que se perdieron y de la declaratoria de emergencias invernales que jamás ocurrieron, como fue el caso de Girón, en los últimos días se conoció que la UNGR contrató la construcción y mantenimiento de 1626 jagüeyes que nunca existieron.

Para estos jagüeyes se destinaron 75 mil millones de pesos. Según denunció la representante Catherine Juvinao en debate de control político al director de la UNGRD, el 81% de estos jagüeyes debían construirse en el municipio de Uribia, es decir, 1376 jagüeyes en un lugar que ha sido el epicentro de esta corrupción de la UNGR en la Guajira.

Estos contratos se ejecutaron a través de 16 órdenes de proveeduría, que se firmaron entre agosto, septiembre y octubre del 2023; fechas que coinciden con el cierre de las elecciones regionales, del 29 de octubre de ese 2023.

Hoy, siete meses después, solo se ha hecho mantenimiento a 209 jagüeyes que ya existían, y la ejecución de los demás sería casi que inviable.

La contratación de 1373 jagüeyes para Uribia significaría convertir a este municipio de la Guajira casi que en un lago, pues este territorio tiene una extensión de 8.200 kilómetros cuadrados. De ser así, tendrían que haber construido un jagüey cada 6 kilómetros, en una zona que es todo arena y en el que no existe ningún tipo de vía ni conectividad. Eso a todas luces sería irrealizable.

Olmedo y su papel en la Guajira

De acuerdo con tres fuentes consultadas, cuyos nombres se ocultan para proteger su seguridad, Olmedo López llegó directamente a la Guajira por decisión del entonces jefe de gabinete, Carlos Ramón González, con dos instrucciones claras: concretar las ayudas que el presidente Petro había prometido para la Guajira e impulsar los candidatos del Gobierno en las elecciones regionales. El candidato que apoyaba el Gobierno para la Gobernación era Jimmy Boscán, que tenía el aval del Partido Verde, del Partido Conservador, de los liberales y del verde oxígeno. Y en alcaldías, la apuesta era apoyar a los candidatos del Partido Conservador, que para ese entonces formaba parte de la Coalición de Gobierno, a cambio de que los congresistas apoyaran las reformas del Gobierno.

Olmedo llega a la Guajira, y para esta labor de apoyar las candidaturas conservadoras tiene en el senador Conservador Carlos Trujillo y en el secretario de la Cámara Jaime Lacoture, también conservador, sus grandes aliados.

Para cumplir la tarea de cumplir lo prometido para la Guajira, necesitaba un aliado en el territorio. Y este aliado es Bonifacio Henríquez, entonces alcalde de Uribia, también conservador.

Henríquez nombra a María Alejandra Mejía, como directora de la oficina de Gestión de Riesgo de Uribia. Entre Olmedo López y María Alejandra Mejía nace una relación que sobrepasa el ámbito laboral y es cuando Olmedo López conoce a Germán Mejía Sierra, a quien conocen en la Guajira como Manchi.

‘Manchi’ y su papel en la repartición de contratos

‘Manchi’ Mejía es un viejo político de Uribia, fue diputado conservador y que fue capturado en el 2021, acusado de concierto para delinquir. Mejía, según las fuentes, maneja la contratación y la política en Uribia.

El acuerdo fue que como Olmedo López no conocía nada de la Guajira, ‘Manchi’ Mejía sería la persona a cargo de conseguir los contratistas para la construcción de jagüeyes, el alquiler de carrotanques y de maquinaria amarilla.

“Se contrataba gente que tuviera maquinaria e hiciera el mantenimiento de los jagüeyes. Trabajaban 50 horas de maquinaria, pero la facturación se pasaba por 150 horas. El pacto era que pagaban las 150 horas, pero el contratista tenía que devolver el valor de las 100 horas que se facturaron y no se trabajaron”, dice una de las fuentes. Esa diferencia era la suma de dinero que debía entregársele a Olmedo por intermedio de Germán Mejía: “esa plata fue la que se destinó a financiar campañas políticas”.

Para legalizar la ejecución del contrato, buscaban un jagüey ya existente, le hacían mantenimiento, lo limpiaban, traían una maquinaria y le tomaban una foto como prueba de ejecución. Luego, traían otra maquinaría, con otras placas, hacían un par de movimientos de tierra y tomaban otras fotos, desde otros ángulos, y lo facturaban como otro jagüey, pero era el mismo, relata la fuente.

“Lo mismo pasó con los carrotanques. Llamaron a cada líder de cada corregimiento, le decían que se consiguiera unos carrotanques alquilados, contrataban el alquiler por un valor, lo facturaban por un valor superior, tomaban las fotos y listo”, explica.

A pesar de que ‘Manchi’ Mejía fue consultado sobre su participación en la entrega de contratos en la Guajira, se abstuvo de contestar.

Interventoría de papel

La interventoría de estos contratos se la entregaron a una empresa de papel que se llama Intraffic SAS. Esta empresa fue creada en 2019 por Cecilia Marina de Ávila Torres, en Barranquilla, con un capital de 5 millones de pesos. A pesar de no tener experiencia en contratación pública ni en interventorías, Olmedo López le entregó de manera directa 19 contratos de interventoría: 14 para la rehabilitación de jagüeyes y 5 para el suministro de carrotanques, por $5.979 millones de pesos. A pesar de estas contrataciones, nadie conoce esta empresa en la dirección registrada.

La gerente de ‘Intraffic’ era Camila Andrea Sánchez Martínez y su subgerente, su hermana, María Alejandra Sánchez Martínez. Estas dos mujeres aparecen como contratistas del Hospital del Magdalena Medio y la supervisora de su contrato era Ana María Martínez Galvis, la esposa de Sneyder Pinilla, quien entonces fungía como subgerente del hospital.

Hace pocos meses ‘Intraffic’ cambió de representante legal. Ahora se registra como Leonardo Manuel Bustos Miranda, quien prestó servicios de mantenimiento en el Hospital Regional del Magdalena Medio, con un salario de $1′800.000. Una persona humilde, que evidentemente no tiene ninguna experiencia en interventorías. La supervisora de su contrato también era la esposa de Sneyder, Ana María Martínez.

En el 2019, cuando Sneyder Pinilla era alcalde de Sabana de Torres, creó la empresa de transporte de Sabana de Torres, una empresa mixta en la que uno de los socios era ‘Intraffic’.

Aunque hoy Olmedo López y Sneyder Pinilla tramitan un principio de oportunidad en la Fiscalía el país sigue sin conocer qué campañas políticas se financiaron con estos dineros, cuáles congresistas habrían vendido su voto, que funcionarios del alto gobierno estarían implicados y dónde está en dinero que tomaron para sí en este festín de corrupción de la UNGR.

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