La JEP avanza en el caso ‘Parqueadero Padilla’ con la citación a alias ‘Lucas’

Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha iniciado una nueva fase en la investigación del caso ‘Parqueadero Padilla’, que busca esclarecer la financiación del paramilitarismo en Antioquia. La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, bajo el Caso No. 08, ha ordenado la práctica del testimonio reservado de Jacinto Alberto Soto Toro, conocido como ‘Lucas’. Este paso se considera crucial para destapar las redes financieras que sostuvieron a grupos paramilitares en la región.

Según la JEP, el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez y su equipo de la Sección de Primera Instancia para Casos con Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) se han integrado a la Sala de Reconocimiento, respaldados por el Acuerdo del órgano de Gobierno No. 038 del 1 de noviembre de 2023. Este cambio organizativo tiene como objetivo reforzar la capacidad de la Sala para abordar casos prioritarios en el esclarecimiento de graves delitos, con un periodo de operación establecido en dieciocho meses.

El caso ‘Parqueadero Padilla’ se remonta a mayo de 1998, cuando el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) descubrió pruebas significativas en un parqueadero en Medellín, evidenciando la financiación de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. Las pruebas incluyeron interceptaciones telefónicas y la captura de un vehículo cargado de uniformes paramilitares. Las investigaciones revelaron una compleja red de financiación con al menos 495 cuentas bancarias involucradas y una lista de 481 contribuyentes, entre empresas y personas naturales.

A pesar de la contundencia de las pruebas iniciales, el proceso judicial sufrió graves retrocesos, como asesinatos de miembros del CTI y la Fiscalía, pérdida de documentación y un estancamiento en el avance del caso. Hoy, el testimonio de Soto, con su conocimiento detallado del flujo de recursos y la gestión financiera de la Casa Castaño, podría ser clave para el esclarecimiento de los hechos.

El caso está siendo observado atentamente por las víctimas del conflicto armado en Antioquia, quienes esperan que este proceso aporte a la verdad y justicia respecto a la financiación y apoyo logístico a los grupos paramilitares en la región. Además, la JEP resalta que financiar a grupos paramilitares constituye un delito de lesa humanidad en Colombia, y la justicia continúa trabajando para establecer responsabilidades y fomentar la reconciliación nacional.

En la actualidad, informes indican la presencia de nuevos grupos paramilitares en Antioquia, con operaciones en 112 municipios y un arsenal comparable al de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sugiriendo la persistente complejidad del panorama paramilitar en la región.