La OCDE respalda que el Gobierno español legisle para reducir la jornada laboral

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La OCDE cree que reducir la jornada laboral en España, como el Gobierno quiere hacer desde este mismo año, no tiene por qué tener un impacto negativo en el crecimiento si se negocia con patronal y sindicatos y admite que habrá que legislar para que los beneficios lleguen a todos los trabajadores.

Antonio Scarpetta, el director del departamento de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo justificó durante la presentación a la prensa en París de un informe sobre la productividad en España junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“La recomendación de nuestro informe es que hay margen para reducir el tiempo de trabajo sin que necesariamente eso tenga un impacto negativo sobre el crecimiento si se negocia con los interlocutores sociales (...), pero en algunos casos puede que haya que legislar porque algunos trabajadores no estarían cubiertos”.

Hizo hincapié en que cuando el ajuste en el tiempo de trabajo se hace con sindicatos y patronal, eso supone “una mejora del bienestar de los trabajadores sin necesariamente tener un impacto negativo en la eficiencia de las empresas o un impacto negativo en el empleo”.

Pero hizo notar que en España, como en otros países, se dan casos de trabajadores que hacen horas extraordinarias sin que se les paguen y también otros que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria, sobre todo mujeres.

La ministra de Trabajo reiteró sus planes para reducir desde este año la jornada laboral a 38 horas y media y a 37 horas y media en 2025 “sin reducción salarial”

Consideró que es “perfectamente asumible” porque la casi totalidad de los convenios colectivos negociados entre sindicatos y patronal ya están por debajo de esas cifras. Además, avanzó que en paralelo a la disminución de la jornada laboral habrá más controles para controlar el “enorme fraude” con la realización de horas extraordinarias “completamente abusivas”.

Díaz aseguró que “la reducción del tiempo de trabajo tiene beneficios positivos sobre la productividad”, que “decrece a medida que se alarga la jornada laboral” y más todavía “cuando vamos realizando muchísimas horas extraordinarias”.

También con el argumento de incrementar la productividad, dijo que el Ejecutivo quiere que se vaya “hacia empresas transparentes cuyas decisiones se adopten con más participación de las personas trabajadoras”.

Admitió que estas medidas regulatorias “no son suficientes” para la “modernización productiva” de la economía española, “que es la clave”, y dijo que está pendiente en particular de la modernización productiva de las empresas, “la mejora de su internacionalización” y “el tamaño empresarial”.