¿En el limbo la solución de la deuda de opción tarifaria? se requiere una ley
Gremios en el Caribe cuestionaron que no se trataría de una medida de corto plazo, si se requiere de una ley que tomaría varios meses en el Congreso.
Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía de Colombia. Foto tomada de la cuenta de X del ministro
Se desinfla la solución del Gobierno para asumir la deuda por opción tarifaria, debido a que se requiere de una ley.
Esa fue la conclusión a la que se llegó en una reunión que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sostuvo en Bogotá con los operadores AIR-E y Afinia para establecer el inicio del beneficio especialmente para los estratos 1, 2 y 3.
Luego del encuentro no hubo comunicado con las conclusiones, sin embargo, se conoció que el Ministerio estaría trabajando en otras opciones debido a los tiempos que demandaría contar con una ley aprobada en el Congreso de la República.
El Gobierno ya había anunciado la disponibilidad de los primeros 2 billones de pesos de los $5 billones que se adeudan por concepto de Opción Tarifaria.
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Reacciones no se hicieron esperar
El presidente de Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, recordó que estamos a tres días de cumplirse el plazo anunciado por el presidente Gustavo Petro para poner en marcha el beneficio.
Cepeda también cuestionó que la medida no cobije a todos los estratos y sector comercial e industrial, como se había anunciado inicialmente.
“Primero el presidente prometió que iba a ser en total 6 a 7 billones de pesos, hoy habla de 2.7 billones de pesos que cubren únicamente los estratos, 1, 2 y 3 de la opción tarifaria y no incluye la gran clase media que está en el estrato 4, 5 y 6; y también deja por fuera sectores comerciales e industriales. Ahora bien, al necesitar requerir un trámite por el Congreso de la República, ya esto estamos hablando de varios meses de trámite conociendo la cantidad de trámites legislativos que hay en el Congreso”, aseguró Cepeda, quien dijo que no se trataría entonces de una solución a corto plazo.
A su turno, el vocero de la Liga de Usuarios, Norman Alarcón, consideró que esta es una muestra más de la falta de voluntad política del Gobierno con el Caribe.
“No utilizaron el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del doctor Gustavo Petro para echar atrás el régimen especial tarifario, sino que lo ratificaron; es decir, lo que hemos visto desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos es que no hay voluntad política de parte del Gobierno Nacional para echar atrás estas medidas”, aseguró.
Se contemplaba que el pago inicial del Gobierno a las comercializadoras sería a través de una línea de crédito de Findeter por 2 billones de pesos.
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