Ministro de hacienda hizo presencia en la Corte para defender impacto fiscal de regalías
La Corte Constitucional convocó a una audiencia en el incidente de impacto fiscal promovido por el Gobierno contra la Sentencia C-489 de 2023, que declaró inconstitucional la prohibición de deducción de regalías del impuesto de renta
Corte Constitucional / Foto: Colprensa
Este martes se llevo a cabo en la Corte Constitucional una audiencia sobre el incidente de impacto fiscal promovido por el Gobierno contra la Sentencia C-489 de 2023, que declaró inconstitucional la prohibición de deducción de regalías del impuesto de renta.
En su momento, la Sala Plena de la Corte Constitucional admitió el Incidente de Impacto Fiscal presentado por el Ministerio de Hacienda en contra dicha sentencia y en consecuencia se suspendió provisionalmente los efectos de la mencionada sentencia desde la fecha de notificación del auto que admitió el incidente y hasta que la corporación tome una decisión de fondo.
La Sentencia C-489 de 2023 declaró inexequible el parágrafo del artículo 19 de la Ley 2277 de 2023, que prohibía deducir lo pagado por regalías de la base gravable del impuesto sobre la renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
Sobre este tema precisamente el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió ante la Corte el impacto fiscal contra el fallo que tumbó la norma sobre la deducción de regalías. “En corto plazo se estima un impacto de $6,7 billones: 3,4 billones por devoluciones y 3,3 billones debido a la imposibilidad de recaudar.
En esta misma audiencia señaló que “...La Regla Fiscal ofrece confianza a los inversionistas, pero su cumplimiento no garantiza por sí solo la sostenibilidad financiera. Es crucial considerar también ingresos, gastos, estabilidad macroeconómica y la relación deuda/PIB en el análisis de sostenibilidad fiscal”.
Por otro lado el jefe de cartera mencionó ante la Corte Constitucional que el ajuste al precio de la gasolina significó que la inflación “sólo hubiera bajado hasta 7%” y que sin ese ajuste solo estaría en 5%. Aseguró que queda por ajustar todavía el precio del diésel.
Por su parte la magistrada Cristina Pardo, cuestionó al ministro, ya que planteó la posibilidad de pagar las devoluciones en vigencias posteriores, por lo que solicitó explicación sobre las razones para que los ciudadanos tengan la responsabilidad de pagar ese aplazamiento.
“En el evento en que las alternativas que proponen la devolución de lo aportado en vigencias posteriores no prevean el reconocimiento de la inflación o de algún tipo de interés de plazo en favor de los contribuyentes cuyas devoluciones serán pagadas por cuotas anuales hasta 2028, ¿Cuáles son las razones por las cuales el Gobierno estima que los particulares deben asumir los costos de oportunidad del aplazamiento solicitado?”, dijo la magistrada.
La Corte Constitucional tiene un plazo de diez días, para resolver esta solicitud de incidente de impacto fiscal.
