“No hay información consolidada”: Procuraduría tras visita disciplinaria a la UNGRD
El Ministerio público requirió todos los contratos y el monto de los mismos suscritos a la fecha en el marco de la emergencia declarada mediante Decreto 2113 de 2022.
Olmedo López Martínez, Director de la UNGRD (Fotos vía COLPRENSA)
Con preocupación, Marcio Melgosa, procurador primero delegado para la vigilancia de la Función Pública, dijo que no se tiene una información consolidada sobre todo lo que tiene que ver con este escándalo, con la contratación que se da dentro del marco del Decreto 21.13.2022 que es la emergencia nacional y exigió todos los soportes de la contratación y ejecución del presupuesto público.
Melgosa, quien encabeza un equipo de funcionarios del Ministerio Público, realizó una exhaustiva y rigurosa inspección a la entidad, sacudida por múltiples episodios de corrupción, entre ellos la compra de carrotanques para la Guajira y Ollas Comunitarias, en donde requirió respuestas a sus directivas sobre la manera y la forma cómo se viene contratando y ejecutando el presupuesto de más de un billón seiscientos mil millones de pesos destinados para atender la emergencia nacional declarada mediante Decreto 2113 de 2022.
“En este sentido apenas se tiene una información de la subcuenta Colombia Vital, se estima, de acuerdo a la información verbal que se ha suministrado, que hay más de 200 contratos y al menos 20 convenios. Esto tiene un presupuesto que supera el billón de pesos y para la Procuraduría es preocupante que en estos momentos ni siquiera la entidad, dadas las circunstancias, no tenga una información consolidada”, dijo.
Bajo el marco de esta norma, el delegado del Ministerio Público solicitó documentación sobre convenios y contratos realizados hasta la fecha y el presupuesto demandado para los mismos. Preocupa de sobremanera que ante tales sumas no exista certeza plena de las transferencias, a quienes se realizaron los giros y la ejecución de los recursos públicos.
La entidad, en un informe preliminar, informó que son por lo menos 20 convenios y 200 contratos suscritos los que ahora hacen parte de las indagaciones del ente de control. El Ministerio Público también solicitó informes de las interventorías y supervisión de los contratos.
