¿Contratistas de la SIC amedrentaron a funcionarios de la Registraduría?
6AM de Caracol Radio conoció el informe preventivo, habló con funcionarios de la Registraduría y corroboró que la SIC sí coaccionó a los servidores para que entregaran toda la información.
Esta semana, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra 8 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas irregularidades en la visita que hizo esa entidad a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en medio de la investigación por el contrato de pasaportes de Thomas Greg & Sons. Entre los investigados están el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Francisco Melo Rodríguez, y otros 8 contratistas.
Jorge Espinosa de 6AM Hoy por Hoy se puso en la tarea de hablar con los funcionarios de la Registraduría y corroboró que sí fueron ciertas las denuncias de intimidaciones de las que fueron víctimas durante la inspección de la SIC.
La Procuraduría encontró que la SIC coaccionó a los servidores de la Registraduría a entregar toda la información y los amenazó con multarlos hasta con diez mil millones de pesos si no lo hacían. Fueron amenazas directas, según dijeron varios funcionarios al procurador.
Otro dato curioso de la inspección es que fue efectuada por varios contratistas y una funcionaria pública, pero los contratistas fueron los que se encargaron de pedir la información, el acceso a los computadores, hacer copias espejo de los celulares y realizar interrogatorios. El problema es que los contratistas no pueden asumir ese rol porque no son servidores públicos. Es decir, ahí puede haber un delito: usurpación de funciones públicas. Un contratista no puede hacer lo que es propio de un servidor público porque el contratista es considerado un particular.
Lo peor de todo es que es una práctica común de la Superintendencia, y que se le debe poner freno porque no son funcionarios adecuados para este tipo de inspecciones.
¿Qué más encontró la Procuraduría?
En la actuación preventiva, el Ministerio Público también encontró que al director del censo electoral, Roberto Carlos Cadavid, le pidieron información y toma de imágenes forenses del correo institucional del director del censo. Y le dijeron que los contratistas de la SIC iban a buscar la justificación y la necesidad de los contratos que están investigando, pero Cadavid les contestó que todo esa información la encuentran pública en el Secop y pidió el acompañamiento de la PNG para que se respete el debido proceso.
Lo que viene ahora es que estos hallazgos sean analizados por otro procurador, quien eventualmente puede tomar medidas disciplinarias contra estos funcionarios y contratistas, pero no contra la directora Cielo Rusinque.