Economía

La verdad sobre la pesca incidental en el pacífico colombiano

Después de 3 años, Colombia dio el primer paso para descriminalizar la pesca artesanal e industrial en las zonas costeras del país 

Caracol Radio llegó hasta Buenaventura para conocer el trasfondo de la firma de la resolución 0119 de 2024 emitida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, que permite la pesca incidental y comercialización de 11 especies de tiburones y 4 de rayas marinas, actividad que es el sello para garantizar la seguridad alimentaria, productividad económica y la permanencia de varios de los oficios tradicionales del Pacífico, así como la subsistencia de las comunidades.

Esta acción se estableció como una medida correctiva sobre el decreto 281 de 2021, que, según las comunidades, criminalizó dicha actividad y dejó a 17 personas judicializadas y toda una cadena de trabajadores y a más de 60.000 familias bonaerenses, en medio de un dilema legal y de hambre.

Más allá de la norma, nos adentramos a la realidad en medio de una faena de pesca en la costa de Buenaventura, la visita al comercio y la casa de una ahumadora de los frutos del mar, en compañía de representantes del gobierno nacional y local, para hallar respuestas frente a las diversas problemáticas que rodean la actividad de pesca artesanal e industrial en la región.

“Con esta decisión se permite entrar a hacer un plan de manejo o un plan de desarrollo sostenible que, en esta ocasión hemos venido discutiendo, e instalamos un gran pacto, con el ánimo de poder generar soluciones integrales al desarrollo sostenible (...) También el pacto es con todas las comunidades que dependen de esta actividad, las comunidades negras del Pacífico, que son dueñas de este territorio, los pescadores, las piangueras, platoneras, comerciantes, ahumadoras, y las mujeres que hacen otro tipo de prácticas de pesca”. Indicó la Ministra de Agricultura, Jennifer Mojica en medio de la visita al pacífico colombiano.

¿Cuál es el contexto actual bajo el cual rige la resolución 281? ¿Va a ser derogado?

Esta prohibición se da de manera inconsulta. Nunca se discutió con las comunidades. Aquí en el Pacífico hay 60.000 familias que dependen de esta actividad de pesca y familias que además tienen unas prácticas culturales como el ahumado, como la gastronomía, que parte justamente del aprovechamiento de especialmente el del tiburón tollo y de algunas especies de rayas, entre otras veces venimos a trabajar con ellos una apuesta y es una vez regularizado estos recursos como un recurso pesquero una vez permitida.

Podemos hacer que esta pesca sea sostenible, sostenible, en que los pescadores aprendan también y se comprometan a que lo están, lo han estado haciendo, si no, que cuando se judicializa esto rompe el canal de comunicación con ellos y con las comunidades. Lo que queremos es renovar ese acuerdo político de gobernanza del territorio. El territorio del mar es un territorio que pertenece a las comunidades afro del Pacífico.

¿Qué pasará con las embarcaciones extranjeras que extraen recursos de las costas colombianas?

Hay que realizar un trabajo coordinado y fortalecer las acciones con la fuerza pública, la Armada, la Fiscalía, vamos a establecer una hoja de ruta y seguimiento contra quienes van a pescar ilegalmente y comercializar los productos a otros países y límites fronterizos. Tenemos que garantizar la soberanía marítima y alimentaria del país.

En medio del recorrido por la costa que bordea Buenaventura, está la embarcación que lidera Evangelista Aragón, pescador artesanal, que, desde niño realiza esta práctica.

¿Por qué es importante la pesca artesanal para las comunidades del Pacífico?

La actividad de pesca es un tema de sostenimiento, de seguridad alimentaria y es inaudito de que alguien pesque sin intensión un tiburón Toyo, y como lo hemos visto, terminen capturados y judicializados.

Nosotros hacemos aprovechamiento sostenible de los recursos, si se realizara una actividad de pesca con dinamita, sería catastrófica. Estamos pescando con malla de 3 pulgadas.

Aprovechamiento de recursos, que pasa a las manos de los comerciantes y ahumadoras de la región, quienes encienden las barbacoas para ahumar y así conservar durante un buen periodo, algunas especies marinas, que pasan a los platos de las comunidades.

Jenny Palma, una mujer 41 años, ahumadora de Buenaventura, y quien se dedica a esta labor desde hace 28 años, aseguró que esta practica es una tradición, parte de la economía’

¿Cómo impactó en su economía el decreto 281?

Sentíamos que eramos delincuentes y teníamos que explicarle a la policía. Debido al decreto, subieron los precios, porque antes comprábamos, en el caso del tiburón Toyo, a $3.000 o $4.000 el kilo, y ahora está a $17.000.

De mi labor, dependen 10 familias, madres cabeza de familia que van a vender el producto en los platones. Todo nos genero más costos, fue difícil para nosotros no poder hacer esta actividad, tuve que para 7 emes en donde no conseguía nada.

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