No podemos pagar un peaje por una obra que no se ha terminado: veedora de Transversal del Sisga
Milena Porras, veedora del proyecto Transversal del Sisga, explicó cuáles son las razones por las que la comunidad de San Luis de Gaceno tiene bloqueada la vía entre los departamentos de Boyacá y Casanare.
Continúan los bloqueos de la ciudadanía en la vía que comunica a los departamentos de Boyacá y Casanare, a la altura del municipio de San Luis de Gaceno.
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Desde la noche del 9 de noviembre, los pobladores se encuentran protestando por el cobro injustificado del nuevo peaje de la Transversal del Sisga.
Este proyecto es uno de los más importantes del país, pues funciona como vía alterna entre Bogotá y el Llano.
Sin embargo, los campesinos de San Luis de Gaceno denuncian que las obras no han sido terminas y, pese a eso, fue instalado un peaje que no estaba en el proyecto inicial.
La decisión de la firma concesionaria afecta la economía de quienes transportan por esta vía sus productos agrícolas para comercializarlos.
Así lo dio a conocer Milena Porras, veedora del proyecto Transversal del Sisga, en conversación con 6AM Hoy por Hoy.
“No entendemos cómo la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) pretender dar cumplimiento a la puesta del peaje sin dar cumplimiento a lo que estaba en el contrato inicial”.
Agregó que la obra tiene problemas como zonas de inestabilidad geológica que afectan su funcionamiento. “No podemos pagar un peaje por una obra que no se ha terminado”.
Más peajes
La veedora Porras explicó que la decisión de poner el tercer peaje, con un costo aproximado de $16.900 y en un tramo de apenas 60 kilómetros, va en contra de los lineamientos iniciales del proyecto, que solo consideraba dos peajes.
Aunque la ANI intentó desarrollar una mesa de conversación con la población de San Luis de Gaceno y se anunció una tarifa preferencial para los habitantes del municipio, la iniciativa no fue bien recibida.
“Lo único que pedimos es que se terminen las obras. No podemos decir que vamos a pagar poquito. Para la señora Barbanti (presidenta de la ANI) es muy fácil decir que $5.000 es barato, pero nosotros somos una comunidad campesina”, señaló la veedora.
Explicó que la instalación de este peaje, que divide en dos al municipio de San Luis de Gaceno, se traduce en una grave afectación a la economía de los campesinos.
Señaló impactos directos sobre la movilidad de rutas escolares, el comercio de leche, huevos y demás productos agrícolas de la región, que ahora tendrían que asumir el costo del peaje. “$5.000 significan tres litros de leche”, expresó.
Además, cuestionó la sostenibilidad financiera del proyecto por el que ahora se aplicaría de peajes, pese a que la obra aún está incompleta y tiene fallas en varios puntos.
“Se supone que si hubo un cierre financiero en su momento estaba garantizado que se iba a atender todo el corredor y no que íbamos a pagar un peaje teniendo nuevamente más de 19 pasos a un solo carril”, señaló la veedora.
Y agregó: “el peaje de San Luis de Gaceno tenía otra ubicación, dividió la comunidad y el municipio. Está queriendo ponerse en operación y las obras no están terminadas”.
Al cobro de este peaje se suman los aumentos anunciados por el Gobierno Nacional en las tarifas. Uno al cierre de 2023 y otro al inicio de 2024, como medida de descongelación del precio de los peajes.
Obras inconclusas
La mayor motivación de disgusto para la comunidad es que el nuevo peaje de San Luis de Gaceno fue instalado en una vía que aún no está completa y que presenta problemas que van mucho más allá de la estética de la vía.
“En lo único en lo que la concesión no ahorra es en pintura”, expresó la veedora del proyecto. A lo que añadió que en 19 puntos de la vía se presentan situaciones como hundimientos, pérdida de la banca, caídas de material y puentes sin ser reforzados.
A lo anterior se suma la falta de pasarelas peatonales, pasos a un solo carril y los 15 túneles del proyecto que aún no tienen iluminación. “Llevan más de un año diciendo que es por mantenimiento”, comentó.
“No se cumple la Ley 105 de seguridad vial. Sobre la accidentalidad se puede averiguar y ver cuántos muertos ha traído esta concesión a nuestro territorio”, añadió Porras.
El proyecto tiene en total una longitud de 137 kilómetros que aún están sin terminar. El plan de la obra era iniciar el cobro de peajes luego de que la construcción estuviera completa.
“Son muchas cosas inconclusas que queremos tener la garantía de que se van a desarrollar. Nos vendieron una vía de cuarta generación con unas condiciones que lo único que aplica es el peaje”, concluyó.