Corte adopta medidas urgentes para garantizar seguridad electoral a firmantes de Paz

En esta oportunidad, la Sala de Seguimiento estudió el riesgo de seguridad que afrontan las personas en proceso de reincorporación en el ejercicio de sus derechos políticos durante el periodo electoral. El auto se dirige a la población votante, a los candidatos y candidatas del partido Comunes y las y los firmantes del Acuerdo de Paz que son candidatos y candidatas de otros partidos políticos.

Sobre este asunto, la Corte insistió en que “la base del respeto por los derechos políticos de los y las firmantes es la materialización de garantías de seguridad diseñadas en el Acuerdo de Paz e incorporadas en el ordenamiento jurídico a través de normas de distinto rango”.

Asimismo, explicó que la seguridad e integridad de la población en reincorporación durante la contienda electoral es también “una expresión del compromiso del Estado de honrar la confianza legítima de los integrantes de la extinta guerrilla, quienes depusieron las armas y se comprometieron a sustituir la lucha armada por el ejercicio activo de la política a través de los canales democráticos”.

Las órdenes dictadas por la Sala para atender esta situación

La Sala Especial de Seguimiento adoptó cinco tipos de medidas complementarias y urgentes para evitar la configuración de nuevos daños en contra de los y las integrantes del partido Comunes y la población firmante del Acuerdo de Paz:

“(i) medidas complementarias para enfrentar la estigmatización de la población firmante en proceso de reincorporación en el periodo electoral; (ii) medidas para asegurar la acción coordinada y la atención prioritaria en las rutas de protección durante el periodo electoral; (iii) medidas relacionadas con las funciones de investigación penal y las funciones de vigilancia y control respecto de los hechos victimizantes y las conductas electorales que afecten a la población firmante y a los miembros del Partido Comunes; y, finalmente, (v) medidas adicionales y urgentes para asegurar las garantías fundamentales para el ejercicio del derecho al voto de los y las firmantes del Acuerdo de Paz”.

La Corte le ordenó al Ministerio del Interior y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) que aseguren la participación activa del Consejo Nacional de Paz en el marco de las actividades que desarrollan estas entidades en la Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y No Estigmatización del Plan Nacional de Garantías Electorales.

Del mismo modo, le ordenó al Ministerio del Interior elaborar e implementar, en estricta coordinación con el Consejo Nacional de Paz, el Pacto Político Nacional. Para esto debe seguir parámetros como la construcción desde las regiones más afectadas por la violencia, la inclusión y la participación de diferentes partidos y movimientos políticos, comunidades en los territorios, gremios económicos, medios de comunicación, organizaciones religiosas, organizaciones de mujeres, población LGBTI, personas en condición de discapacidad, pueblos étnicos, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, entre otros.

De otro lado, la Corte instó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía adoptar medidas para impulsar la investigación y judicialización de estructuras responsables de patrones criminales para la población firmante y sus candidatos.

Y a la Registraduría, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización , debe diseñar e implementar de forma inmediata una estrategia que mitigue riesgos respecto de posibles vulneraciones del derecho al voto en la población firmante.

Todas las entidades deben remitir un informe de cumplimiento a la Sala dentro los siguientes 20 días. La Procuraduría deberá verificar el acatamiento de las órdenes emitidas por la Sala en esta providencia.