Así funciona el acuerdo de AVAL con la justicia de EE.UU.

Caracol Radio revela, en exclusiva, el acuerdo suscrito entre Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, y la justicia de los Estados Unidos. Todo alrededor de los hechos de corrupción que involucran a un importante ejecutivo de la compañía con los de Odebrecht, y a varios funcionarios de alto nivel del Ejecutivo y el Legislativo colombianos, así como a un puñado de intermediarios y lobistas. Estos son los compromisos que desembocaron en la fijación de las millonarias multas.

El acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos se fundamenta, como había revelado en primicia Caracol Radio, en el reconocimiento de que se cometieron hechos al margen de la ley por parte de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana). Según el texto original del documento, Corficolombiana aceptó haber infringido las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Las autoridades que participaron en la investigación, que se prolongó por alrededor de cinco años, y en la suscripción del acuerdo final, son el Departamento de Justicia (División Criminal, Sección de Fraude) y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.

Ese reconocimiento implica que la compañía aceptó que es responsable bajo las leyes de los Estados Unidos por las actuaciones de sus funcionarios, directores, empleados y agentes, situación que no podrá ser controvertida en cualquier proceso que hubiese sido diferido por el acuerdo, y por ello queda impedida para hacer reclamos legales.

Las multas son de un monto estimado en 80 millones de dólares, con una disminución de cerca de 20 millones. Esto en atención al descuento por sanciones pagadas en Colombia y a que se retiren apelaciones como las que el grupo empresarial tiene frente a las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, para un total de unos 60 millones, como contó Caracol Radio.

¿Por qué un acuerdo con Estados Unidos?

Caracol Radio había explicado el por qué se trata de un acuerdo hecho con las autoridades de ese país: al cotizar el Grupo Aval en la bolsa de valores de Estados Unidos, opera para sus empresas la jurisdicción de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), es decir, la ley estadounidense que contempla disposiciones contables alrededor de actividades de soborno y corrupción.

Un emisor como Grupo Aval puede ser considerado responsable (como sucede en nuestro ordenamiento jurídico) por violaciones a las disposiciones contables, por parte de una filial, si el emisor tiene más del 50 por ciento del poder de voto en esa filial, que es la situación en que se encuentra el Grupo Aval con respecto a Corficolombiana y Episol.

El funcionario clave

Corficolombiana aceptó que su máximo ejecutivo se involucró en un esquema para pagar cerca de 23 millones de dólares en coimas a funcionarios colombianos, a cambio de un importante proyecto de infraestructura pública.

El funcionario es el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta y, como es de público conocimiento, se trata del proyecto Ruta del Sol, adición Ocaña-Gamarra, donde Corficolombiana participó en calidad de inversionista con la multinacional brasileña Odebrecht.

El acuerdo exige a Corficolombiana una revisión de los procesos de gobierno corporativo, así como favorecer un esquema efectivo para la detección y denuncia de hechos de corrupción que pudieran presentarse. Y, por supuesto, el pago de las millonarias multas reveladas por las autoridades de los Estados Unidos el jueves 3 de agosto.

El no pago de esas multas, en los plazos estipulados, implicará que se pierda la efectividad del acuerdo y se adelanten procesos de confiscación y decomiso sobre los que no se puede hacer ningún tipo de reclamo.

Compromiso de Estados Unidos

En términos generales, el Departamento de Justicia y la Fiscalía se abstendrán de entablar acciones penales o civiles contra Corficolombiana o sus afiliadas. Todo, por supuesto, en la medida en que se cumplan las obligaciones de actividad corporativa y de pago de las multas.

Dentro de los términos del acuerdo, si la compañía proporciona información falsa, no coopera debidamente, no toma las medidas de transparencia interna o viola las leyes contables y de soborno, podría reanudarse un proceso de enjuiciamiento. Y, en el caso de que Corficolombiana sea vendida, al nuevo comprador se le trasladarán todas estas condiciones.

Uno de los puntos que podría dar por terminado el acuerdo es cualquier declaración pública que sea contraria a lo pactado, de allí la importancia del comunicado de las autoridades norteamericanas y del divulgado por el Grupo Aval, que contó, como confirma Caracol Radio, con el visto bueno de dicha autoridad.

El acuerdo está firmado por Juan Daniel Arias Díaz (vicepresidente corporativo de Corficolombiana), Tatiana Martins (de la firma de abogados Davis Polk & Wardwell) y, por parte del Departamento de Justicia y la Fiscalía, por Michael Culhane y David Salem.

El comienzo de todo

Parte clave del acuerdo, al que tuvo acceso Caracol Radio, es una declaración de hechos que comienza por el reconocimiento de la propiedad mayoritaria del Grupo Aval en Corficolombiana y su subsidiaria, Estudios y Proyectos del Sol (Episol), y de manera paralela una detallada descripción del origen de las actuaciones indebidas, en Colombia, de la multinacional Odebrecht.

Durante el período relevante, anota, Concesionaria Ruta del Sol SAS era un negocio conjunto integrado por tres empresas: Odebrecht, como participante mayoritario, y Corficolombiana, a través de Episol, junto con una tercera empresa, como participantes minoritarios.

Sin revelar sus nombres expresamente, se describe la actividad de un alto funcionario de Corficolombiana entre 2008 y 2016, presentado como clave para los ejecutivos de Odebrecht. Se cita, además, a dos altos ejecutivos brasileños, que tuvieron actividad en Colombia entre 2009 y 2012, el uno, y 2012 y 2016, el otro.

Llama poderosamente la atención la descripción que se hace de los funcionarios colombianos comprometidos con el entramado de corrupción, definidos de la siguiente manera:

Funcionario colombiano 1. Descrito como un funcionario de alto rango en la rama legislativa, entre 2010 y 2017.

Funcionario colombiano 2. A quien se presenta como ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aproximadamente entre 2011 y 2017.

Funcionario colombiano 3. De alto rango en la Rama Ejecutiva entre o alrededor de 2010 y 2018.

Sin mencionarlos por nombre, el documento habla de dos intermediarios que operaban en Colombia y de un banco de inversión y servicios financieros, con sede en los Estados Unidos, cercano a uno de estos intermediarios.

Estas son las personas de las cuales la investigación de las autoridades de los Estados Unidos pudo comprobar responsabilidad y conocimiento de los hechos. Y pasa a determinar si las empresas responden, en el caso concreto Coltefinanciera, en razón de las actividades de su funcionario de más alto nivel, pero no hay mención alguna de los dueños de las empresas en todo el acuerdo.

Determinaciones de las autoridades fuera de los Estados Unidos, así como valiosas investigaciones periodísticas encajan muy bien en los perfiles de los funcionarios: Luis Fernando Andrade (exdirector de la ANI al que se le sigue juicio en el que declaró hace unas semanas el expresidente Juan Manuel Santos) y Juan Sebastián Correa (funcionario de la ANI, enlace con el legislativo, destituido por la Procuraduría en razón de haber concertado reuniones entre el presidente de la entidad y Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia).

Precisamente en la decisión de la Procuraduría, según contó en su momento la Redacción Judicial de El Espectador, hay buenas pistas de las intermediaciones: “El Ministerio Público comprobó que Correa Echeverry recibió el dinero por su gestión de parte del exsenador Otto Nicolás Bula Bula, por previa orden del entonces congresista Bernardo Miguel “Ñoño” Elías Vidal, con quienes además estuvo en reuniones privadas en las que se adelantaron negociaciones relacionadas con el proyecto vial”.

El acuerdo es claro en decir que tanto Corficolombiana como las autoridades de los Estados Unidos tienen perfecto conocimiento de los nombres a quienes pertenecen estas figuras.

Caracol Radio intentó ahondar en esos nombres con el Grupo Aval, pero no es legalmente posible: recuérdese que cualquier declaración sobre el particular hace que los Estados Unidos puedan alegar un incumplimiento del acuerdo. Y le elevamos consulta al expresidente Santos, quien dijo no tener idea de quién fuera.

Así funcionaba la corrupción

Según los anexos del acuerdo, entre 2012 y 2015, Corficolombiana y Episol, a través del alto funcionario de la primera, junto a los ejecutivos de Odebrecht y los intermediarios, conspiraron para ofrecer de manera corrupta y pagar 23 millones de dólares en sobornos a los tres altos funcionarios colombianos, para las obras de infraestructura de la Concesionaria Ruta del Sol (CRDS) Ocaña-Gamarra.

El funcionario colombiano de más alto rango está expresamente mencionado como beneficiario y es alguien de primer nivel, de alto rango, y como dice el acuerdo, ejerció sus funciones entre 2010 y 2018, lo que coincide con el periodo del expresidente Juan Manuel Santos.

Solo dos Ministerios tuvieron el mismo titular durante los dos periodos y ninguno en temas de infraestructura o económicos, así que hasta que quienes saben el nombre o las investigaciones de la Fiscalía lo revelen, sigue siendo un misterio. Un misterio fundamental, debido a la importancia del personaje.

En la seguridad de contar con ese funcionario, que abría las puertas de todo, Corficolombiana, a través de Episol, acuerda con Odebrecht la conformación de la Concesionaria Ruta del Sol y del Consorcio Constructor Ruta del Sol (Consol) para participar en jugosos contratos de contratación con el gobierno. Así es como se ganan los 528 kilómetros de Ruta del Sol Sector II, cuya construcción comenzaría en 2011.

En 2012 el ejecutivo de Corficolombiana se une con el ejecutivo principal de Odebrecht para presentarle al otro funcionario del holding brasileño. Allí es cuando deciden que el alto ejecutivo de Corficolombiana sería la persona de contacto para cualquier discusión y acuerdo relativos a los pagos de sobornos que deban realizar a los funcionarios del gobierno colombiano.

Contratos ficticios

Corficolombiana y Episol, a través del ejecutivo clave de Corficolombiana, Odebrecht y personajes descritos como co-conspiradores, pagaron sobornos a través de contratos ficticios con compañías asociadas a los intermediarios.

Corficolombiana tuvo beneficios aproximados de 28,63 millones de dólares como producto del negocio obtenido de manera corrupta.

Son generosas las referencias a las reuniones, una de ellas detallada de la siguiente manera: a principios de 2013, o alrededor de esa fecha, el Ejecutivo 2 de Odebrecht se reunió varias veces con el Intermediario 1, quien según entendió el Ejecutivo 2 de Odebrecht, guardaba una estrecha relación con los funcionarios del gobierno colombiano que tenían la autoridad sobre la decisión de adjudicar la extensión Ocaña-Gamarra.

En las reuniones, dice el anexo, el Intermediario 1 y el Ejecutivo 2 de Odebrecht acordaron que CRDS pagaría un soborno equivalente a aproximadamente el cinco por ciento del valor total de la ampliación Ocaña-Gamarra, para asegurar que CRDS ganara el contrato.

El ejecutivo de Corficolombiana insistía en que los pagos a los funcionarios no se hicieran a través de su empresa, sino de Odebrecht, CRDS o Consol. Y sugirió varios caminos, como el de los reembolsos. Fruto de esos acuerdos, Consol y CDRS se concentraron en una serie de contratos ficticios con empresas relativas al intermediario principal.

Por medio de esas empresas, se hicieron pagos estimados en 16,5 millones de dólares. Parte de esos dineros fueron entregados por el intermediario al alto funcionario nacional del Legislativo y al de la Agencia Nacional de Infraestructura. Por ejemplo, 2.7 millones de dólares se manejaron a través de la entidad financiera de los Estados Unidos a una compañía cercana al intermediario principal.

Se describe otra cita, en la que por primera vez se reunieron los ejecutivos de Odebrecht con el intermediario secundario y acordaron el pago de sobornos a través de lobistas.

Alrededor de 2013 uno de los ejecutivos de Odebrecht aceptó entregar 3,5 millones de dólares a uno de los intermediarios, para asegurar la adjudicación de Ocaña-Gamarra.

Para llevar a cabo el esquema de soborno, alrededor de marzo de 2014, el ejecutivo de Corficolombiana, a través de Episol, y el ejecutivo secundario de Odebrecht hicieron que CRDS celebrara un contrato ficticio con una empresa asociada con uno de los Intermediarios.

En total, el ejecutivo de Corficolombiana, a través de Episol, y el ejecutivo secundario de Odebrecht hicieron que Odebrecht y CRDS pagaran un total de aproximadamente $3,5 millones a una empresa asociada con el Intermediario 2, en el entendido de que, a su vez, él pagaría una parte de esos fondos como soborno al Funcionario Colombiano 1 y así garantizar que el gobierno colombiano otorgaría el contrato de extensión Ocaña-Gamarra.

Leer más:

El presidente Gustavo Petro señaló relación entre Grupo Aval y Néstor Humberto Martínez

Coimas al alto funcionario del Ejecutivo

Aproximadamente en mayo de 2014, el ejecutivo de Corficolombiana solicitó que el Ejecutivo 2 de Odebrecht participara en una reunión con el Funcionario Colombiano 3, importante en la Rama Ejecutiva, en representación de CRDS. Allí acordaron pagarle coimas a dicho funcionario de nuestro país. El ejecutivo de Odebrecht entendió perfectamente que el propósito de los pagos era asegurar que CRDS conservaba el contrato Ocaña-Gamarra.

Alrededor de 2014 y 2015, el ejecutivo de Corficolombiana, a través de Episol, y el ejecutivo secundario de Odebrecht hizo que Consol y CRDS pagaran sobornos por aproximadamente $3,4 millones, en beneficio del funcionario ejecutivo de alto nivel que estuvo en el poder entre 2010 y 2018. Es decir, los pagos los hicieron la concesionaria y la constructora.

Como se ve, un muy acompasado y planeado esquema de corrupción en los niveles empresarial y estatal, con identidades claves, en el gobierno y los poderes públicos, así como intermediarios, que el país está en mora de determinar de manera precisa.

Una de las preguntas claves es: ¿por qué, si los dueños de la empresa no son mencionados en la investigación, terminaron en escenario de los Estados Unidos reconociendo la corrupción en Corficolombiana?

La razón es que el Departamento de Justicia le hace saber a Corficolombiana, como estableció con sus fuentes Caracol Radio, que tiene al menos siete testimonios de colaboradores que apuntan a la responsabilidad de José Elías Melo. Solo el DOC los posee y no los comparte, pero da la oportunidad de poner fin al caso con el pago de las multas. Esas pruebas, así como los nombres de los implicados, no hacen parte del acuerdo, porque el DOC solo las expondría en el escenario de un juicio al que no se llega precisamente por el acuerdo.

El acuerdo, que revela Caracol Radio en exclusiva, tiene un plazo que se extiende por tres años, durante los cuales hay expresa obligación de cumplir con una serie de requisitos que incluyen informes periódicos y reportes de cumplimiento, así como el pago de las millonarias multas.