¿En qué consiste la figura de juicio político que la oposición está pidiendo contra Petro?

Colombia

Sectores de la oposición solicitaron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes iniciar un juicio político contra el presidente Gustavo Petro, por el presunto ingreso de dineros ilícitos a su campaña, provenientes del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, Gabriel Hilsaca, y el empresario cucuteño Óscar Camacho.

En Colombia, el caso más cercano que se ha tenido a un juicio político a un presidente fue el del exmandatario Ernesto Samper, por el denominado “proceso 8.000″, en el que se comprobó el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial. Sin embargo, la investigación fue precluida por la Cámara.

De acuerdo con Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, un juicio político es un procedimiento a través del cual un presidente o un alto funcionario es juzgado por el Congreso, quien somete a votación la decisión de separar al funcionario de su cargo o no. En general, es un procedimiento que pone en tela de juicio la responsabilidad política de una alta autoridad.

“En el caso de Colombia es un procedimiento un poco especial porque no es simplemente el Congreso como sí ocurre en otros países, sino que involucra también a la Corte Suprema y a la Fiscalía”, añadió.

La Cámara de Representantes funge como ente acusador de estas altas dignidades, que gozan de fuero constitucional, y es el Senado de la República el que determina si encuentra o no culpabilidad.

El abogado penalista Francisco Bernate explicó que si el Senado encuentra que se pudieron haber cometido delitos por parte del funcionario, remite el caso a la Corte Suprema de Justicia, que es la única institución que puede realizar juicios de carácter penal a los aforados.

Ahora bien, de acuerdo con Bernate, en Colombia se suele hablar de la omisión de juicios políticos a presidentes en la medida de que son procesos que no han sido efectivos. Asegura que este tipo de procedimientos son la forma de garantizar y proteger la institucionalidad.

“El único caso fue el CONATO, la tentativa que se hizo de iniciar en el caso del expresidente Samper, pero que nunca llegó más allá de la Comisión de Investigación y Acusaciones”.

Por otro lado, el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado Jairo Libreros, consideró que una de las implicaciones que puede traer este juicio político es la pérdida de gobernabilidad y legitimidad del gobierno actual frente a la radicación de proyectos de ley y actos legislativos.

“El gobierno perdería capacidad para gestionar iniciativas legales ante el Congreso de la República. También habría repercusiones desde el punto de vista de los niveles de favorabilidad y aceptación del Presidente, que son fundamentales para poder garantizar la implementación de las políticas públicas que ya ha formulado o las que están en proceso de formulación”

Asimismo, dijo Libreros, en caso de que se efectué un juicio político se podrán ver repercusiones en la intención de voto que los ciudadanos tendrán para las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 29 de octubre: “De las encuestas que conocemos, el Pacto Histórico no va a lograr un triunfo relevante en las siete o diez principales ciudades del país y muy seguramente tampoco en las principales gobernaciones. Pero la secuela de desprestigio que genera una discusión por juicio político deteriora la intención de voto por los candidatos que representen las banderas del partido”

Finalmente, de acuerdo con Bernate, la exigencia de un juicio político en este momento es una decisión apresurada, pues es necesario avanzar en las investigaciones correspondientes. De igual manera, Libreros asegura que el inicio de ese trámite tiene que estar fundamentado en unas investigaciones penales claramente definidas, que se derivan de la colaboración con la justicia que adelanta en estos momentos el hijo del presidente, Nicolás Petro.