ONG piden transformar el modelo de protección a defensores de Derechos Humanos en Colombia
Las organizaciones consideran que el modelo de protección existente, no se adecuada a las necesidades de los defensores y hace que la respuestas de las autoridades sea tardía, e inexistente.
Foto: Agencia EFE
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A través de un comunicado, la Coordinación Colombia Europa - Estados Unidos CCEU, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Corporación Sisma Mujer y el Programa Somos Defensores, pidieron al Gobierno Nacional transformar el modelo de protección para personas defensoras de derechos humanos en Colombia, para que garantice la seguridad de los líderes y defensores.
El llamado lo hacen al considerar que, Colombia mantiene un agravamiento generalizado de la situación de derechos humanos que ha llevado a que las personas defensoras y lideresas, periodistas y firmantes de paz en el ejercicio de su labor, enfrenten constantes riesgos que atentan contra su vida, integridad y seguridad.
Según datos obtenidos por las organizaciones, desde 2017 hasta junio de 2023 han sido agredidas 1.307 mujeres defensoras y lideresas. También tienen registro de 3.144 agresiones, entre las que se encuentran 1.063 amenazas y 12 asesinatos a periodistas en este mismo periodo.
En ese sentido, insisten en que “el modelo de protección existente en el país no se adecúa a sus necesidades y hace que en muchas ocasiones la respuesta por parte de las autoridades competentes sea tardía, inadecuada o inexistente”.
Para reducir estas cifras, recomiendan:
- Una reestructuración del aparato estatal, que depende de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y una mayor labor de investigación y mayores sanciones a los responsables de las agresiones a las personas defensoras.
- Las medidas de protección deben pensarse respondiendo a las diferencias territoriales, grupos étnicos, campesinos, de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, firmantes de paz.
- Fortalecer las instituciones locales (Alcaldías, Personerías, etc), que tienen a su cargo responsabilidades en materia de prevención y protección, así como a las organizaciones sociales y comunidades étnicas y campesinas.
