Posibles falsos positivos estaban ‘estancados’ en la Justicia Penal Militar

Bogotá D.C.

Caracol Radio revela en exclusiva un preocupante informe de junio pasado que elaboró la Procuraduría General en el cual detalla serios retrasos en el avance de los expedientes sobre homicidios, presuntamente cometidos por integrantes del Ejército Nacional entre los años 2006 y 2014, que están a cargo del juzgado 98 de instrucción de la Justicia Penal Militar.

Se revisaron nueve procesos que contabilizan al menos 14 víctimas, una de ellas menor de edad, en los municipios de Urumita, Fonseca, San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva, ubicados en el sur de La Guajira. Algunas fueron presentadas como supuestas bajas en combate con la extinta guerrilla de las FARC, el ELN y Bandas Criminales (BACRIM).

Figuran en total 75 militares en calidad de sindicados por homicidio, entre capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos, cabos, dragoneantes y soldados profesionales que en el momento de los hechos estaban adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado No.2 “Coronel Juan José Rondón”.

La conclusión del Ministerio Público es que ese despacho judicial se ha demorado entre ocho a 17 años en realizar un pronunciamiento de fondo sobre cada una de las investigaciones. Así mismo, evidenció varias dilaciones en los procesos y una actitud pasiva del despacho.

“Obedecen en su gran mayoría a las complejidades de los casos, especialmente en las dificultades que surgen para la ubicación de los procesados quienes ya no hacen parte de la Fuerza Pública y se desconoce su paradero”, señaló la Procuraduría, que compulsó copias para iniciar procesos disciplinarios contra exfuncionarios de ese despacho.

Añadió que otra dificultad es la constante devolución de los expedientes instruidos por parte de la fiscalía 23 penal militar, así como las restricciones y dificultades durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. De acuerdo con el Ministerio público, en el año 2021 las investigaciones estuvieron paralizadas.

Destrabados

Caracol Radio pudo establecer que cuatro de los nueve expedientes que estaban estancados en ese despacho penal militar por más de una década ya fueron remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al evidenciarse una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los expedientes busca llegar a instancias internacionales. Está en etapa de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Incluso, al menos seis de los militares sindicados por estos crímenes cometidos en el marco del conflicto armado con la extinta guerrilla de las FARC, suscribieron y solicitaron las actas de sometimiento a esa jurisdicción.

Entre tanto, los otros cinco expedientes por homicidio se mantienen en el juzgado 98 de Instrucción penal militar, en La Guajira, para que se acelere la práctica de pruebas y diligencias restantes, aunque la JEP revisó uno de estos en marzo pasado y estaría por pronunciarse sobre su competencia para asumir la investigación; mientras que la Dirección Nacional contra las Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía General solicitó al despacho uno de los casos y evaluará otro para saber si es competente para asumirlo.

Caracol Radio ya había publicado que la Justicia Penal Militar decidió en enero pasado terminar la designación del mayor del Ejército Nacional, José Vicente Pisciotti, como juez 98 de instrucción por supuestas “omisiones graves en la gestión de un buen número de expedientes por delitos como homicidio”.

Según esa jurisdicción, con corte al 31 de enero de 2023, reportó una carga laboral de ocho investigaciones preliminares y 124 sumarios. Pues ahora tras la salida del mayor Pisciotti, los expedientes por homicidio empezaron a moverse: cuatro fueron remitidos a la JEP en febrero y marzo de 2023, otros dos están pendientes de pasar a la Fiscalía General y la Procuraduría puso la lupa a las actuaciones de ese despacho.

Justamente, desde la actual Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policial se están haciendo todos los esfuerzos para remover estas disfuncionalidades, posible corrupción y negligencia por parte de jueces y fiscales, que vulneran los derechos de acceso a la administración de justicia, al plazo razonable al debido proceso y los principios de celeridad y eficacia.

Por otro lado, el mayor Pisciotti fue consultado sobre el informe de la Procuraduría General que tiene en su poder Caracol Radio y aclaró que los casos llevan más de 15 años siendo investigados en la Justicia Penal Militar. “Como es de su conocimiento, solo estuve en ese despacho por dos años: enero de 2021 a enero de 2023″, indicó.

El oficial activo del Ejército Nacional aseguró que las dilaciones y demoras por más de una década en los procesos, como hace referencia el informe del Ministerio Público, “son determinados por las autoridades competentes y es ante tales autoridades, donde legalmente se ejercen los derechos de defensa, debido proceso y contradicción, respecto a todo el contexto en el que desempeñé mi gestión judicial”, manifestó.