Durante el cese al fuego, disidencias de ‘Iván Mordisco’ cometieron 227 delitos
Los más comunes fueron la instalación de explosivos, extorsión, homicidios, secuestros, hostigamientos y hurtos.
Estado Mayor Central de las Farc, facción disidencia que lidera alias 'Iván Mordisco'.
Bogotá D.C.
Caracol Radio conoció un informe de inteligencia que documentó 227 acciones criminales del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC, que lidera alias ‘Iván Mordisco’ durante el cese al fuego, que fue suspendido por el Gobierno Nacional tras el asesinato de 4 menores indígenas.
De acuerdo con estos registros que se contabilizaron entre el 1 de enero y el 18 de mayo de 2023, el EMC cometió 63 acciones criminales en enero, 65 en febrero, 42 en marzo, 40 en abril y 17 en lo que va de mayo. Del total de los 227 delitos, se considera que 54 afectaron directamente el cese al fuego bilateral.
La más común fue la instalación de artefactos explosivos. Fueron en total 88, de los cuales 63 alcanzaron a ser destruidos por las autoridades. Le siguen los delitos de extorsión (28 casos), homicidio (18), secuestro (17), hostigamientos (12), hurtos (11) y presencia armada (11).
También se tiene documentado 26 acciones ofensivas contra la Fuerza Pública y dos terroristas. Asimismo, hay evidencias de amenazas, constreñimiento, perturbación al servicio del transporte, afectaciones al sector vial y un atentado contra la población civil.
Los departamentos más afectados son Cauca (92), Meta (28), Nariño (23), Valle (20), Caquetá (19) y Norte de Santander (15). Le siguen Arauca, Huila, Guaviare, Antioquia, Bolívar, Cesar, Putumayo, Santander, Guainía y Casanare.
Las estructuras del EMC responsables de estos crímenes son el frente ‘Carlos Patiño’ (50 acciones), el bloque ‘Jorge Briceño’ (42) y las columnas ‘Jaime Martínez’ (36) y ‘Dagoberto Ramos’ (30). También están los frentes 33, 10, ‘Miller Perdomo’, ‘Carolina Ramírez’ y ‘Armando Ríos’.
Por otro lado, las autoridades responsabilizan al EMC de 37 asesinatos, entre ellos los cuatro menores indígenas que huían del reclutamiento forzado entre Caquetá y Amazonas. Hay 29 víctimas civiles, dos uniformados de las Fuerzas Militares y dos de la Policía Nacional.
