¿Almuerzo gratis para los trabajadores? El proyecto que fue radicado en el Congreso

Este jueves, 16 de marzo, el gobierno radicó ante el Congreso de la República su propuesta de reforma laboral en donde se plantean varios cambios para beneficiar a los trabajadores, entre ellos, lo relacionado con el horario laboral, la forma de contratación y la protección ante despidos para algunas personas.

En ese marco, de lo que han llamado una lucha para proteger a los trabajadores, se radicó ante la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que busca crear un beneficio de alimentación para el trabajador, con el fin de mejorar las condiciones nutricionales, fortalecer la salud, prevenir enfermedades, aumentar la productividad y reducir el ausentismo laboral.

Los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, $ 2′320.000, podrían acceder al beneficio.

El proyecto deberá ser aprobado en el Congreso, luego de que seis congresistas (María Fernanda Carrascal, Juan Carlos Lozada, Erick Velasco, Leider Vásquez, Jorge Tamayo y Álvaro Leonel Rueda) lo radicaran, con la intención a ofrecer alimentación gratuita a los empleados en su horario laboral.

Los representantes aseguran que el proyecto mejoraría las condiciones nutricionales, además de prevenir enfermedades y aumentaría la productividad. “Dado que los trabajadores a veces no tienen tiempo o lugar para comer, ni dinero suficiente para comprar alimentos, un gran número de trabajadores no consumen suficientes calorías o alimentos nutritivos para rendir de manera óptima en el trabajo”, escribieron los autores del proyecto.

De acuerdo con los congresistas, el beneficio podrá otorgarse por medio de instalación de comedores o casinos, uso de restaurantes en el lugar de trabajo o en sus inmediaciones y entrega mensual de un bono de alimentación a través de vales, cupones o tarjetas electrónicas.

Dicho beneficio de alimentación no podrá entregarse en dinero en efectivo ni por otros mecanismos distintos a las modalidades establecidas, pues no podrá considerarse un instrumento de pago.

Así mismo, no constituirá salario en especie para ningún efecto legal, ni hará parte de la base para liquidar aportes parafiscales y será tratado como un gasto laboral.

Así mismo, en el parágrafo 2, del artículo 6 del proyecto, se establece que “estos bonos deberán indicar explícitamente que no podrán ser negociados total o parcialmente por dinero en efectivo, y especificar expresamente que su destinación es para alimentación, quedando prohibida la adquisición de licores y cigarrillos”.

Quienes sean cobijados con los vales, según indica el proyecto de ley, tendrían que recibir como mínimo una ayuda alimentaria mensual de 3 UVT ($127.236) y máximo de 7 UVT ( $ 296.884).

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, en Colombia, según cifras del Programa Mundial de Alimentos para el 2023, 15,5 millones de personas están en inseguridad alimentaria, de ellos 2,1 millones en situación severa, mientas 13,4 millones están en situación moderada.

Además, indican que alrededor del 51 % de la población está en situación de seguridad alimentaria marginal, es decir, ante un cambio coyuntural como el aumento de precios de los alimentos o desastres naturales.

Aunque podría pensarse que la población trabajadora no tiene estas dificultades, cerca del 80 % de las personas recibe como remuneración hasta dos salarios mínimos.

“Según el DANE, con corte a diciembre del 2022, hay 21 millones de personas ocupadas, de las cuales 18 millones ganan dos salarios mínimos y 14 millones sustentan una familia compuesta por más de dos personas. Se trata de una cuestión de salud pública, de rendimiento para la economía del país y de justicia social, ya que los trabajadores no siempre se benefician en igualdad de trato en el acceso a la alimentación en el lugar de trabajo”, se lee en el proyecto de ley.

María Fernanda Carrascal explicó que el proyecto tiene también el propósito de impulsar la economía popular que se da en los restaurantes (corrientazos) de Colombia.

A pesar de que el proyecto debe surtir su trámite en el Congreso para ser una realidad, ya ha levantado ampolla entre los empresarios, quienes aseguran que se garantiza “más encarecimiento de la contratación” y dicen que no es conveniente exprimir tanto al empleador.