Contratos que firmó María Isabel Urrutia en MinDeporte pueden tener incidencia penal
De acuerdo con Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, al menos 106 contratos que involucran a la exministra de Deporte presentan inconsistencias que pueden tener una responsabilidad penal.
Luego de que el pasado 7 de marzo, el presidente Gustavo Petro declarara insubsistente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por haber firmado contratos después que pedirle su renuncia, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andres Idárraga, le puso la lupa a los contratos que firmó la exministra.
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En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Idárraga reveló algunos hallazgos que presentan inconsistencias: de los 206 contratos publicados, al menos 106 que están por prestación de servicios desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo, tienen objetos contractuales iguales, es decir, están duplicados.
De acuerdo con el secretario, esto demuestra que hubo un afán para hacer que las personas que estaban vinculadas desde enero a abril tuvieran un contrato hasta diciembre de 2023, “cometiendo un error que puede tener una incidencia penal en tanto se diera el principio de planeación pero sobre todo, pareciera que no contaron bien los meses del año porque están haciendo contratos para las mismas personas, por los mismos objetos, dos contratos distintos pero por 14 meses en la práctica”.
Valor de los contratos
Según indicó Idárraga, entre el 1 de enero hasta el 6 de marzo de 2023, se firmaron en total contratos por un valor de más de 21 mil millones de pesos, de los cuales, en la última semana, se firmaron por más de 16 mil millones de pesos. Además, señaló que en el mismo periodo fueron 206 contratos publicados en el SECOP y 25 de éstos abarcaron la proporción de más 16 mil millones de pesos.
El secretario de Transparencia señaló que los contratos se firmaron a medianoche y que “el Ministerio de Deporte desperdició dos meses de presupuesto duplicando los objetos contractuales sobre la misma cantidad de contratistas”.
Asimismo, explicó que el problema radica en que no se pueden celebrar contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con un objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, a menos de que exista una autorización de la máxima cabeza del ente contratante: “eso podría tener a la luz de la norma un posible interés ilícito en la celebración de contratos y también podría originar una responsabilidad penal para quien ordenó el gasto y para todos los que participaron en la celebración del contrato”.
Finalmente, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República dijo que espera que el próximo lunes 13 de marzo se concluyan todos los hallazgos para hacer entrega a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para su respectiva verificación: “esperamos que los entes de control a los que le daremos traslado vayan a fondo porque el Gobierno no va a permitir la corrupción venga de donde venga”.
