Política

2022 fue el año más violento para civiles por parte de grupos armados ilegales: MOE

Ya son 1.191 acciones militares por parte de grupos armados ilegales durante el 2022 hacia la población civil.

2022 fue el año más violento para civiles por parte de grupos armados ilegales: MOE

2022 fue el año más violento para civiles por parte de grupos armados ilegales: MOE / MOE

Colombia

Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, el cual analiza la violencia contra lideres, lideresas políticas, sociales y comunales, durante el año se ha presentado un aumento en los casos de acciones militares por parte de grupos armados ilegales contra la comunidad civil.

Mauricio Vela, coordinador del observatorio político electoral de la democracia de la MOE afirmó que “este es el año más violento desde el 2018, con un total de 1.191 acciones armadas y amedrentamientos contra la población civil en 314 municipios del país”

En cuanto a la violencia política, la organización afirmó que el panorama es preocupante, ya que el 2022 se ubica como el segundo año más violento para lideres políticos y sociales.

Según el informe, “se observa una tendencia en ascenso, y con 534 hechos de violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales, este se ubica como el segundo año con más agresiones solo detrás del 2019 por un solo hecho violento.”

La MOE también alertó sobre un aumento en los casos de violencia contra lideres sociales, políticos y comunales desde el inicio del periodo de elecciones regionales, respecto al calendario electoral del 2018.

En el primer mes del periodo electoral, es decir, del 29 de octubre al 29 de noviembre, se registraron un total de 49 hechos de violencia contra liderazgos sociales, políticos y comunales. Lo que representa un aumento del 173% en comparación con hace 4 años, en donde se habían registrado solo 15 en el primer mes del calendario electoral”, aseguró Vela.

Entre las recomendaciones que hizo la MOE, la organización le hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que “tenga un rol preponderante en la coordinación y capacitación de los gobiernos locales para que estos fortalezcan sus políticas públicas de protección y prevención”.

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