La directora para las Américas de <strong>Human Rights Watch (HRW</strong>), Juanita Goebertus y Juan Pappier, investigador senior de HRW, enviaron una carta <strong>al gobierno de <a title="Gustavo Petro" href="https://caracol.com.co/tag/gustavo_francisco_petro_urrego/a/">Gustavo Petro</a></strong> en la que resaltan que si <strong>la política de “paz total” </strong>se implementa correctamente puede lograr importantes avances en aspectos de derechos humanos en poblaciones históricamente víctimas de la violencia.Con la meta de que esta política sea exitosa y logre <strong>reducir el desplazamiento forzado, masacres, homicidios y confinamientos</strong>, HRW destaca cinco puntos a tener en cuenta por el gobierno de Petro:HRW resalta que las políticas de seguridad establecidas durante el gobierno de Iván Duque “no garantizaron los derechos humanos en <strong>zonas remotas de Colombia</strong> y permitieron que los grupos armados ampliaran su control territorial” por lo que debe rediseñarse la política de seguridad para garantizar la protección civil y el <strong>desmantelamiento de grupos ilegales.</strong>Ese cambio debe incluir un fortalecimiento del sistema judicial y garantías de que el éxito del trabajo de las fuerzas de seguridad “se basen en asegurar <strong>un control territorial efectivo</strong>, respetar los derechos humanos y prevenir abusos”, esto recordando que en el Acuerdo de Paz se establece que debe diseñarse una <strong>Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.</strong>Para Human Rights Watch es clave que el gobierno colombiano tenga entre sus criterios saber si una negociación con un grupo armado <strong>asegura “los derechos de las víctimas</strong> y prevengan abusos” o si es preferible la aplicación de las leyes mediante el sometimiento u operaciones militares que se desarrollen <strong>cumpliendo el derecho internacional humanitario.</strong>La ONG reconoce que en el país existen <strong>dos estrategias de cara a los grupos armados</strong> y son el sometimiento a la ley o negociaciones de paz y allí resalta que debe tenerse claro si negociar con grupos que previamente incumplieron acuerdos (FARC o Paramilitares) “crearía incentivos adecuados para que <strong>cualquier negociación futura sea tomada en serio”.</strong><strong>Leer más:</strong>HRW señala que el gobierno debe aumentar sus esfuerzos en <strong>reducir de forma permanente el poder de los grupos armados</strong> y el crimen organizado por medio de distintas medidas como investigaciones criminales enfocadas en desmantelar estos grupos y teniendo presencia estatal civil efectiva en regiones remotas que <strong>ayude a abordar las economías ilegales.</strong>Entre estos esfuerzos se requiere implementar los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) establecido en el <strong>Acuerdo de paz con las FARC. </strong>En este aspecto se resalta la necesidad de no duplicar o socavar lo pactado en 2016 con las FARC durante las negociaciones de paz con el ELN considerando que puede haber mecanismos que se <strong>repitan pese a que ni se han implementado.</strong>Para atender las causas de la violencia se sugiere una política de drogas efectiva con enfoques alternativos que impidan que los grupos criminales corrompan a las autoridades, que implemente los planes de <strong>sustitución de cultivos de uso ilícito</strong>, que fortalezca las estrategias judiciales antidrogas para perseguir el crimen organizado y la corrupción asociada al narcotráfico.HRW destaca que el gobierno de Gustavo Petro “debe garantizar que todos los acuerdos cumplan con el deber de <strong>investigar, juzgar y sancionar a los responsables</strong> de abusos graves e incluya condiciones adecuadas, como la verdad completa y la reparación a las víctimas, para los perpetradores que reciban <strong>sentencias reducidas”.</strong>A su vez se pide que cualquier acuerdo con grupos armados tenga como mínimo cumplir con los requisitos establecidos en <strong>el acuerdo de paz con las FARC </strong>dado que, de ser estándares más bajos violaría las obligaciones internacionales de Colombia y podría causar que las <a title="FARC" href="https://caracol.com.co/tag/farc_fuerzas_armadas_revolucionarias_colombia/a/">FARC </a>y Fuerzas Militares “<strong>dejen de colaborar con la <a title="JEP" href="https://caracol.com.co/tag/jep_jurisdiccion_especial_para_la_paz/a/">Jurisdicción Especial para la Paz</a></strong> con la expectativa de ser incluidos en un acuerdo más favorable”.Se sugiere que haya una entidad destinada a procesar un amplio número de “violaciones, perpetradores y víctimas” por lo que no podría ser <strong>la JEP dado que ya atiende numerosos casos</strong>. Esta nueva entidad resultante de la “paz total” tendrá que “investigar patrones más amplios de abusos y debería priorizar los procesos contra comandantes de alto nivel y sus redes criminales, incluidos <strong>funcionarios públicos o personas del sector privado</strong>” si es necesario.HRW advierte que previamente hubo personas que fingieron ser parte de grupos armados para obtener <strong>beneficios ilegales durante desmovilizaciones</strong> por lo que debe haber un trabajo conjunto con entidades como la Fiscalía General de la Nación para verificar “exhaustivamente la identidad y los <strong>antecedentes penales de las personas que se desmovilizan. </strong>La ONG reconoce que este es un punto “desafiante el <strong>contexto actual de Colombia</strong>, puesto que existe un gran número de <strong>grupos armados que operan de forma fluida y difusa</strong>”.