Condenan al Estado por acoso sexual en Escuela Militar de Cadetes
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó reparar a la víctima
Condenan al Estado por acoso sexual en Escuela Militar de Cadetes
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado y ordenó indemnizar a una cadete que fue víctima de acoso sexual por parte de sus superiores. También se ordenó reintegrarla a la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdova.
Los magistrados del Tribunal concluyeron que la cadete en 2012 fue objeto de persecución por parte de algunos de sus superiores, directivos de la Escuela Militar de Cadetes, porque ella se negó a acceder a las pretensiones de tipo sexual.
Se comprobó que el acoso fue por parte de los tenientes Alejandro Uribe y Cristian Rodrigo Martínez y por el coronel José Mauricio Zabala Cardona, vicerrector de la Escuela Militar para la época de los hechos.
Dicha persecución se materializó en dos modalidades:
La primera de ellas académica, que consistió en informarle falsamente que había perdido la materia de mando y que por eso debía quedarse un semestre más.
Esta información no correspondió a la verdad pues una vez examinada la hoja de notas, la demandante no perdió dicha materia ni ninguna otra. Se trató, al parecer, de un pretexto para continuar con la situación de acoso sexual ya descrita porque continuaría bajo el control jerárquico de quienes habían abusado de ella durante el sexto semestre que desarrolló en la Compañía Girardot.
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La segunda de las modalidades de persecución fue la apertura de 5 procesos disciplinarios en 10 meses por asuntos que habrían podido subsanarse a través de otras formas y no de la apertura de procesos disciplinarios, en especial si el investigador depende directa o indirectamente de los oficiales que la acosaban.
“Los actos desplegados por los superiores (querer besarla, invitaciones a hoteles, solicitud de fotos, etc.), así como las retaliaciones (condicionamiento de permisos, amenazas e investigaciones disciplinarias), son actos de violencia de género que se produjeron por quienes estaban en una posición jerárquica superior”.
El Estado debe indemnizar a la víctima con 100 salarios mínimos, reintegrar a la cadete y ascenderla al escalafón de oficiales.
