Así fue el camino para construir informe final de la Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad recopiló durante cinco años los hechos que marcaron más de 50 años del conflicto armado colombiano.
Durante ese periodo de tiempo la entidad, que hace parte del Sistema Integral de Justicia, Reparación y No repetición, escuchó a 20 mil actores relacionados con la violencia, como las víctimas, grupos guerrilleros y paramilitares, Fuerzas Militares, empresas, terceros civiles y otras entidades del Estado colombiano, que estuvieron relacionados directa e indirectamente con el conflicto.
Desde el 2017, los 13 comisionados, liderados por el padre Francisco de Roux, han recorrido varias regiones del país buscando las distintas versiones sobre el impacto de la violencia armada, obteniendo así una cantidad de material histórico que fue plasmado en el informe final, que será de importante valor para las nuevas generaciones.
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En total, se recolectaron 27.268 testimonios desde que inició el mandato hasta la fecha.
Se destaca, por ejemplo, que para el desarrollo de la investigación en relación con el caso de las ejecuciones extrajudiciales la entidad recopiló 1.042 entrevistas a víctimas, 178 a comparecientes y 402 a expertos, testigos y otros actores que aportaron información relacionada con hechos, dinámicas y contextos de los llamados falsos positivos.
De igual manera, la Comisión recibió de distintas organizaciones y sectores de la sociedad civil 320 informes y 91 casos relacionados con esos casos.
El trabajo de la Comisión concluyó cinco años después y durante ese camino, se presentaron varios problemas en el camino, como el fallecimiento de los comisionados Ángela Salazar y Alfredo Molano. También enfrentó críticas por parte de sectores políticos, principalmente durante el Gobierno del presidente Iván Duque.
Pero uno de los obstáculos más complicados fue la pandemia de la COVID-19. Varios académicos y centros de estudio expusieron a la Corte Constitucional que las medidas para contener el virus, como los confinamientos y la distancia social, afectaron el funcionamiento de la entidad, por lo que su labor no podía finalizar el 28 de noviembre de 2021, sino al contrario extenderse.
Durante el trámite de la demanda la Sala Plena de ese tribunal que buscaba ampliar el periodo de funcionamiento de la Comisión, las víctimas del conflicto armado explicaron que las medidas implementadas por la pandemia “impidieron la entrega de sus declaraciones y, en consecuencia, afectaron su derecho a la verdad”.
Consideraban que sus declaraciones por medios virtuales no permitían la reconstrucción efectiva de la memoria del conflicto armado y advertían que, en muchas ocasiones, no tenían acceso a las herramientas necesarias para participar en el proceso mediante el uso de TIC.
La Comisión indicó, por su parte, que su trabajo es esencialmente presencial y en el territorio, con las víctimas o las personas que se relacionan con ellas, para recabar la verdad. De hecho, muchas personas manifestaron su temor de hablar sobre el conflicto por vía virtual. La entidad también había indicado que tuvo muchas incapacidades y suspensiones de viajes por sospechas o contagios de COVID-19.
Por eso, tal y como se esperaba, la Corte Constitucional, en octubre del 2021, amplió el periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad hasta junio de 2022, más dos meses para la socialización del informe final que entregue la entidad, que va hasta agosto del mismo año.