Defensoría propuso una reforma al sistema penitenciario y carcelario de Colombia
El defensor del pueblo dijo que los índices de hacinamiento en los centros carcelarios presentan una sobrepoblación de más de 16 mil personas.
Defensor del pueblo, Carlos Camargo. / Defensoría del Pueblo
En el marco del foro ‘La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para su superación’ el defensor del pueblo, Carlos Camargo, propuso reformar el sistema penitenciario y carcelario, debido a que el hacinamiento en las cárceles es superior al 20%.
El funcionario expresó que el sistema carcelario debe ir orientado al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad para garantizar su resocialización y evitar las reincidencias.
La Defensoría del Pueblo atribuyó el problema al trasladó desde los establecimientos de reclusión del orden nacional a las estaciones de Policía, hecho que representa un riesgo para los derechos de las personas privadas de la libertad y para la Policía Nacional que hoy ejerce la custodia.
“La política criminal del Estado colombiano se ha caracterizado por la creación de nuevos delitos dentro del Código Penal y en un incremento generalizado de las sanciones existentes, y esto ha generado inevitablemente un colapso de las cárceles y penitenciarias, sin que se pueda advertir una verdadera disminución en los índices de criminalidad”, aseguró Camargo.
Según la Defensoría del Pueblo, los índices de hacinamiento en las cárceles a cargo del INPEC se elevan a un 20,6%, lo que serían casi 16.621 personas privadas de la libertad. Esto teniendo en cuenta que la capacidad de cupos en centros penitenciarios asciende a 80.647.
El defensor, Carlos Camargo, enfatizó en que no es suficiente con garantizar las condiciones de seguridad, sino con estándares de calidad para evitar los riesgos de fuga.
“La crisis carcelaria, sumada a los hechos acontecidos en días pasados, pone de relieve la necesidad de adelantar una reforma legislativa que reoriente el sistema carcelario y penitenciario para que le devuelva a la sociedad la confianza en sus instituciones, y que permita el cumplimiento de las finalidades de custodia y protección de los derechos humanos”, afirmó el Defensor del Pueblo.
Con estos argumentos, Camargo dice que urge una reforma que le asegure a la ciudadanía que la vigilancia de los presos esté orientada al respeto y que permita que se lleve a cabo el proceso de resocialización, el paso más importante para evitar que se vuelva al ciclo de la criminalidad.