Las demandas que buscan indemnizar a víctimas de DMG
Las interpuso la agente liquidadora de la pirámide que lideraba el condenado David Murcia Guzmán.
David Murcia llego deportado de los Estados Unidos para que termine de cumplir su condena en Colombia. (Cortesía: Colprensa/Archivo)
La agente liquidadora de DMG, María Mercedes Perry Ferreira, interpuso dos demandas contra el Estado colombiano para que le responda a las personas que invirtieron sus recursos en esa pirámide, liderada por David Murcia Guzmán.
Los recursos fueron presentados, inicialmente, el 18 de agosto y el 13 de octubre de 2021 ante la Sección Primera del Consejo de Estado, que, al estudiarlas, decidió remitirlas al Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque no eran de su competencia.
En la primera demanda, María Perry expresó que la orden judicial de intervención a DMG Grupo Holding SA, conllevó la toma de posesión de los bienes y negocios de la sociedad, ubicados en el norte de Bogotá, por ser éstos los recursos destinados para la devolución de los dineros a los afectados del desfalco.
Sin embargo, alega que, “de forma ilegal”, la Superintendencia de Notariado y Registro, como autoridad competente para realizar el registro de actos en el folio de matrícula inmobiliaria, expidió las resoluciones y actos acusados, “desconociendo las órdenes emitidas por la autoridad judicial y que ordenaron el cambio de titularidad a favor de la actora con base en las normas de intervención y no en una extinción de dominio”.
Por eso, Perry solicitó la nulidad de unos actos de registro por falsa motivación y condenar a la reparación de unos daños tasados en la suma de $22.657.625.000.
La segunda demanda también tiene que ver con otro predio. Para la agente liquidadora, la Superintendencia de Notariado y Registro olvidó la prioridad consistente en realizar las inscripciones en el orden en que se le solicita, “puesto que, para el caso particular, no acata la orden en turno de inscripción de la titularidad en favor de DMG del inmueble”.
Es así que solicita la nulidad de unos actos de registro por falsa motivación y se condene a la reparación de unos daños tasados en la suma de $33.456.775.000.
