Consejo de Estado negó aumento en reparación a víctimas de masacre
La Alta Corte señaló que no se probaron perjuicios morales distintos a los ya reconocidos a los desplazados en el 2001 en el Chengue, Sucre.

Consejo de Estado negó aumento en reparación a víctimas de masacre / Colprensa

El Consejo de Estado negó la solicitud que presentaron algunos desplazados de la “Masacre de Chengue” para que se les incrementara la reparación al daño moral, al tener que huir de sus hogares luego de que paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María asesinaran a varias personas del corregimiento de Chengue, en el municipio de Ovejas (Sucre) en enero del 2001.
En el 2019 el Tribunal Administrativo de Sucre estableció que estas personas tenían derecho a ser resarcidas por el terror, zozobra y traumas afectivos que vivieron y declaró responsables al Ministerio de Defensa - Armada - Policía Nacional del daño antijurídico causado.
La corporación judicial estableció que como reparación al perjuicio moral, las demandadas deberían pagarles 20 salarios mínimos mensuales vigentes a los mayores de edad y 15 a los menores, que hicieron parte de las 22 víctimas en este hecho. También ordenó pagarles más de 6 millones de pesos a cada uno por los ingresos que, se calcula, habrían dejado de percibir por el desplazamiento.
Sin embargo, los desplazados alegaron que el Consejo de Estado ha reconocido el pago de sumas superiores a los 100 salarios mínimos mensuales vigentes, como mecanismo indemnizatorio de perjuicios morales. Con la intención de que se hicieran estos reconocimientos jurídicos, las víctimas elevaron una solicitud de unificación de jurisprudencia ante la Alta Corte.
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Por su parte la Sala negó las pretensiones y aseguró que, “es claro que la sola conducta del desplazamiento forzado no impone que los perjuicios morales deban tasarse automáticamente en un monto superior a los 100 smlmv, porque ello está condicionado a que en el proceso se demuestre un daño moral más gravoso e intenso, lo cual no ocurrió en este caso, por lo que el Tribunal Administrativo de Sucre, en ejercicio de su autonomía, tasó las sumas que estimó conveniente para los actores”, dice el fallo.
El Consejo de Estado estableció que no se probaron perjuicios morales distintos a los reconocidos por el Tribunal en 2019.




