<strong>La Sala de Justicia y Paz de Barranquilla remitió a la Fiscalía</strong> una denuncia que interpuso un ciudadano para que se investigue las finanzas de los empresarios <strong>Rafael Antonio Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas por sus presuntos vínculos con la financiación a grupos paramilitares en esa región del país</strong>.<strong>Rafael Antonio Matera Lajud,</strong> es el dueño <strong>de la empresa Camagüey</strong> y socio de la compañía <strong>Palmeras de la Costa, él es </strong>señalado de ser alias '300'; y <strong>Alfonso Macías Vargas</strong>, es socio de las empresas mencionadas y es señalado de ser alias 'M1'.La denuncia señala que los empresarios aparentemente utilizaron sus empresas para lavar dinero y financiar a paramilitares.Los empresarios han sido mencionados en declaraciones que entregaron bajo gravedad de juramento de los exparamilitares <strong>Juan Francisco Segura</strong>, alias '<strong>Mario</strong>' o el '<strong>Alacrán</strong>', y Jorge Escorcia Orozco, alias '<strong>Rocoso</strong>', quienes acusan a los empresarios de <strong>presunto financiamiento y homicidio selectivo</strong>.Además, en los expedientes de Justicia y Paz se mención que en predios de esas compañías habrían ocurrido asesinatos de líderes sociales <strong>entre los años 2000 y 2004.</strong>La Sala de Justicia y Paz advierte a la Fiscalía que no se está cumpliendo la orden para que se investigue a particulares y se defina la suerte de bienes que pudieron tener relación con el conflicto armado.