Investigan millonaria compra de carros blindados para la Corte Suprema
El proceso es cuestionado por haberse ejecutado en plena pandemia de COVID-19.
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La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria a José Mauricio Cuestas Gómez y a Carlos Eduardo Devia Gutiérrez, ambos funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por presuntas irregularidades en la compra de 51 vehículos blindados para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público establecerá si la compra en junio de 2020 por 13.270 millones de pesos se ajustó o no a la normativa, a los principios de contratación estatal y si el objeto contractual fue ejecutado conforme a los términos del requerimiento de la compra y los estudios previos.
El proceso es cuestionado por haberse adelantado en plena emergencia sanitaria del COVID-19. Los vehículos, que tienen la intención de fortalecer el esquema de seguridad de los magistrados, fueron adquiridos mediante una orden de compra a los proveedores Unión Temporal Toyonorte LTDA., Armor International Colombia LTDA. y Blindex S.A.
Dice la Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública que también habría presuntas irregularidades por los altos precios de los accesorios y adecuaciones de los vehículos.