Luego de que la <strong>sala plena del Consejo de Estado</strong> no compartiera la idea de que, a través de un proyecto de reforma en el Congreso, se le otorgaran posibles facultades de jueces a la Procuraduría General de la Nación, <strong>la jefe de ese organismo de control, Margarita Cabello</strong>, aclaró varios puntos clave de la iniciativa.En una carta enviada a la <strong>presidenta de la corporación, Marta Nubia Velásquez</strong>, la Procuradora General explicó que la reforma está encaminada a hacerle frente a dos hechos que, según dijo, <strong>“tienen en vilo la institucionalidad del órgano de control”.</strong>Se trata de la sentencia de 8 de julio de 2020 de la <strong>Corte Interamericana de Derechos</strong> <strong>Humanos</strong>, <strong>en el caso del senador y líder de Colombia Humana, Gustavo Petro,</strong> que encontró al Estado colombiano como responsable por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales cuando fue destituido de la Alcaldía de Bogotá en 2013. <strong>Y el segundo, la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.</strong>La jefe del Ministerio Público enfatizó que <strong>no busca sustituir ni desconocer la función del Consejo de Estado</strong> frente a las decisiones sancionatorias que emite la Procuraduría General de la Nación.Asimismo, Cabello aclaró que <strong>la atribución de función jurisdiccional a la competencia disciplinaria q</strong>ue se desarrolla desde la entidad no tiene la pretensión de insertar la Procuraduría General en la Rama Judicial. <strong>Tampoco desconocer el principio de división de poderes</strong>, en tanto la jurisdicción es una y la función de control es otra.Explicó que la atribución de función jurisdiccional a órganos o entidades que no están en la rama judicial <strong>“no los convierte en jueces”</strong> y puso como ejemplo <strong>las superintendencias</strong>, <strong>funciones avaladas por la Corte Constitucional.</strong>“Desde la exposición de motivos, se planteó <strong>expresamente que el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo</strong> sobre las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, aun, en uso de atribuciones jurisdiccionales, no podía desaparecer, hecho que se corrobora desde el artículo 1 del proyecto”, señala la misiva.Aseguró que no pretende <strong>desconocer el principio de división de poderes</strong>, tampoco la estructura constitucional ni la función esencial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De esta manera, <strong>la Procuradora Cabello extendió una invitación</strong> a los integrantes de la corporación para esclarecer dudas del proyecto.Más temprano, el organismo de control había dicho en un comunicado que con esta reforma <strong>se evitará que se archiven más de 10 mil expedientes disciplinarios</strong>, negó que se otorguen <strong>‘superpoderes’</strong> para investigar a la oposición y que mantendrá sus actuales facultades sancionatorias.Escuche otros secretos de Darcy en el siguiente audio: Content not defined