Procuradora responde al Consejo de Estado sobre reparos a reforma

Luego de que la sala plena del Consejo de Estado no compartiera la idea de que, a través de un proyecto de reforma en el Congreso, se le otorgaran posibles facultades de jueces a la Procuraduría General de la Nación, la jefe de ese organismo de control, Margarita Cabello, aclaró varios puntos clave de la iniciativa.

En una carta enviada a la presidenta de la corporación, Marta Nubia Velásquez, la Procuradora General explicó que la reforma está encaminada a hacerle frente a dos hechos que, según dijo, “tienen en vilo la institucionalidad del órgano de control”.

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Se trata de la sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del senador y líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, que encontró al Estado colombiano como responsable por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales cuando fue destituido de la Alcaldía de Bogotá en 2013. Y el segundo, la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019.

La jefe del Ministerio Público enfatizó que no busca sustituir ni desconocer la función del Consejo de Estado frente a las decisiones sancionatorias que emite la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, Cabello aclaró que la atribución de función jurisdiccional a la competencia disciplinaria que se desarrolla desde la entidad no tiene la pretensión de insertar la Procuraduría General en la Rama Judicial. Tampoco desconocer el principio de división de poderes, en tanto la jurisdicción es una y la función de control es otra.

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Explicó que la atribución de función jurisdiccional a órganos o entidades que no están en la rama judicial “no los convierte en jueces” y puso como ejemplo las superintendencias, funciones avaladas por la Corte Constitucional.

“Desde la exposición de motivos, se planteó expresamente que el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre las decisiones de la Procuraduría General de la Nación, aun, en uso de atribuciones jurisdiccionales, no podía desaparecer, hecho que se corrobora desde el artículo 1 del proyecto”, señala la misiva.

Aseguró que no pretende desconocer el principio de división de poderes, tampoco la estructura constitucional ni la función esencial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De esta manera, la Procuradora Cabello extendió una invitación a los integrantes de la corporación para esclarecer dudas del proyecto.

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Más temprano, el organismo de control había dicho en un comunicado que con esta reforma se evitará que se archiven más de 10 mil expedientes disciplinarios, negó que se otorguen ‘superpoderes’ para investigar a la oposición y que mantendrá sus actuales facultades sancionatorias.

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