La batalla jurídica por contratos de vacunas contra la COVID-19
El Gobierno y una farmacéutica tomaron acciones en contra de una sentencia que pide entregar esa información.
Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.
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Imagen de referencia.
El pasado 21 de mayo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que el Gobierno Nacional tenía que entregar copias de los contratos que firmó con las farmacéuticas para adquirir las vacunas contra la COVID-19, de las que, a propósito, ya se han aplicado más de 12 millones 400 mil dosis con corte al 10 de junio.
Ya pasaron los tres días que tenía el Gobierno del presidente Iván Duque para cumplir con la sentencia, sin embargo, acciones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), del Ministerio de Salud y una farmacéutica para intentar revertir la decisión, dio paso a la que sería considerada como la batalla jurídica del año, según Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.
“La actitud del gobierno y las farmacéuticas al negarse a entregar los contratos para conocer los términos en los que se acordó la compra de las vacunas, muestra una falta de voluntad de cumplir con los principios de transparencia de acceso a la información”, manifestó.
La UNGRD radicó ante el Tribunal de Cundinamarca una solicitud de aclaración y ampliación, con la que, según Enciso, busca “ganar tiempo y bloquear la ejecución de la sentencia del tribunal de Cundinamarca que ordenaba la entrega de los documentos”.
Mientras que el Ministerio de Salud interpuso ante el mismo Tribunal una acción de nulidad pidiendo que lo integraran al litigio, aduciendo que había sido violando su derecho al debido proceso y acceso a la justicia.
“Hay un interés marcado de tapar y bloquear la información, que atenta contra los derechos fundamentales de los colombianos a conocer información de naturaleza pública”, indicó el director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.
Asimismo, la estadounidense Janssen, compañía farmacéutica de Johnson & Johnson, también interpuso una acción de tutela en el Consejo de Estado en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando una medida provisional para que no se entregaran los contratos y se declare la nulidad de la sentencia.
“Están haciendo hasta lo imposible por proteger lo que denominan el secreto comercial. Consideramos que hay una intención de arrodillar a los Estados, dividir los mercados separando y segmentando los precios, según los intereses de las farmacéuticas, y afectando el derecho a la competencia”, señaló.
Justamente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaba este viernes la llegada al país del primer lote con 480 mil vacunas de una dosis de esa farmacéutica americana.
“El bloqueo de la información sobre los precios es un obstáculo para que los Estados tomen buenas decisiones. Es una especie de extorsión, porque las farmacéuticas dicen a los gobiernos: si no me firma los contratos de confidencialidad, no le vendo vacunas, desabastezco su mercado y será responsable de los muertos en su país”, dijo Enciso.
Se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ha pedido al Consejo de Estado vincular a esta discusión jurídica a la relatoría de la libertad de expresión de la CIDH y de Naciones Unidas. “Nos parece apropiado porque equilibra los argumentos jurídicos y da mejores insumos a las cortes”, señaló Enciso.
Se espera que la próxima semana el Consejo de Estado tome una decisión de fondo, que ya recibió el concepto de la Universidad del Rosario sobre el tema, en la que pide declarar improcedente la acción de tutela de Janssen.
Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, está pidiendo al Consejo de Estado y al Tribunal que confirmen en todos sus alcances la sentencia adoptada sobre la entrega de los contratos de la vacunación, por ser un asunto de interés nacional. “Es inmoral estén buscando ocultar los precios a los que se compraron los biológicos”, concluyó.
