Paro Nacional
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Asistencia militar y más Esmad: acciones de MinDefensa a un mes del paro

Expertos consideran que no ha sido clara la aplicación de protocolos para la atención de las marchas.

Las caravanas han sido escoltadas por el Ejército, principalmente en vías del Valle del Cauca. /

El 28 de abril inició el paro nacional, un movimiento ciudadano inconforme con la presentación al Congreso de una reforma tributaria, con la que el Gobierno pretendía recaudar los recursos suficientes para superar la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.

Un mes después de aquel estallido social, que captó la atención internacional, las autoridades reportan al menos 17 personas muertas en medio de los disturbios, como la de dos policías en Soacha y Cali y la mayoría civiles por armas de fuego, en la que se destaca a los jóvenes Santiago Murillo, en Ibagué, y Lucas Villa, en Pereira.

Los heridos entre uniformados y manifestantes ascienden a más de 2.100, entre ellos, integrantes de la Policía atacados con ácido y artefactos explosivos y jóvenes que denuncian la pérdida de sus ojos o graves lesiones en sus extremidades por las intervenciones del ESMAD.

Ante este panorama violento, actos de vandalismo, que van desde saqueos a establecimientos comerciales hasta la quema de buses de transporte público, denuncias de abuso de autoridad y la supuesta infiltración de grupos armados ilegales como el ELN y disidencias FARC, el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, tomó una serie de acciones para restablecer el orden y, al mismo tiempo, garantizar la manifestación pacífica.

Caracol Radio consultó a Alejo Vargas Velásquez, docente de la Universidad Nacional (UNAL) y director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, y a Felipe Fernández, analista en seguridad ciudadana, quienes entregaron su punto de vista sobre el manejo que le ha dado la cartera de Defensa a la situación de orden público que atraviesa el país, considerada la más larga y compleja en su historia reciente.

Asistencia militar vs bloqueos

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y cuarto día consecutivo de protestas, el presidente Iván Duque ordenó, un día antes de retirar la reforma tributaria del Congreso, que la figura de asistencia militar, contemplada en el artículo 170 de la ley 1806 de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se mantenía no sólo en Cali, que se había convertido en el epicentro del caos, sino en las regiones con graves alteraciones de orden público.

De inmediato, el ministro de Defensa, Diego Molano, desplegó a las tres fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea Colombiana), principalmente al Valle del Cauca y su capital, en donde ya se habían reportado balaceras con muertos y quema de buses.

Para Alejo Vargas, docente de la UNAL, es deseable que las Fuerzas Militares no tengan que intervenir en situaciones de protesta. “Siempre se ha considerado que están para la defensa nacional, de la soberanía, para la guerra. No es bueno que los militares se vean involucrados en esta situación porque no están capacitadas”, indicó.

Por el contrario, el analista Felipe Fernández defiende esa figura, al argumentar “que la asistencia militar no es deliberada como muchos han asegurado ni tampoco se subordinada el poder civil sobre el militar, es aquí donde el Puesto de Mando Unificado (PMU) juega un papel importante y estratégico porque permite una coordinación interinstitucional con el conocimiento y toma de decisión de las autoridades territoriales”, señaló.

“También ha sido importante el apoyo de todas las especialidades de la Policía Nacional en el despeje de los bloqueos en lo que ha sido denominado “peajes extorsivos” donde un puñado de hombres encapuchados cobra una vacuna por pasar incluso dentro de su mismo barrio. ¡Inadmisible!”, sentenció Fernández.

Sobre los bloqueos, ambos expertos consideraron que generan graves afectaciones para el abastecimiento de suministros y prefieren que estos se levanten por medio del diálogo antes que una intervención de la fuerza pública. Según cifra oficiales, se llegaron a 321 conciliaciones con los manifestantes, mientras que en 201 vías fue necesaria la acción del ESMAD.

De momento, con corte al 27 de mayo, se ha permitido la movilidad a 10.179 vehículos de carga con 390.655 toneladas, principalmente a departamentos como el Valle, Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, Guajira y Cundinamarca.

Aunque el profesor de la UNAL fue más crítico con las llamadas caravanas seguras para el transporte de carga: “Fueron muy usadas en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe para garantizar seguridad ante una posible amenaza guerrillera. Hoy es diferente, se habla de bloqueos”.

Más Esmad y poca aplicación de protocolos

El Tribunal Superior de Bogotá abrió incidente de desacato al Ministerio de Defensa, a la Policía y la Alcaldía de Bogotá porque no se estaría protegiendo el derecho a la protesta ni tampoco el fallo que profirió la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 sobre la formulación de unos protocolos para la atención a la protesta.

De hecho, organizaciones sociales, como Temblores e Indepaz, denuncian una violación de Derechos Humanos durante las jornadas de manifestación, desapariciones y el uso de armas de fuego por parte de integrantes de la Policía Nacional.

La Inspección de la Policía ya abrió 157 investigaciones a uniformados por irregularidades en los procedimientos. 11 son por homicidio, dos de acoso sexual, 74 por abuso de autoridad, 31 por agresiones físicas, 16 por lesiones personales y 23 por otras conductas. La justicia Penal Militar asumió 34 de estas, mientras que la Procuraduría 23, por poder preferente.

Alejo Vargas, director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa, aseguró que no está muy claro la aplicación del protocolo que el Gobierno expidió en enero de 2021, en cumplimiento al fallo de la Corte.

A nivel nacional, y según el reporte diario entregado por el Ministerio de Defensa, con corte al 27 de mayo, se han registrado 5.264 concentraciones, 1.998 marchas, 2.577 bloqueos, 554 movilizaciones y 21 asambleas. El ESMAD ha tenido que intervenir en 1.190 disturbios.

No soy partidario de que se acabe el ESMAD, pero es importante revisar los procedimientos y el tipo de armamento. Sin esto, hay situaciones lamentables como la pérdida de ojos en los jóvenes. Un arma no letal mal usada, se vuelve en letal”, señaló Vargas.

“Es frustrante cómo el gobierno nos mata, porque así esté vivo, es como estar muerto por dentro. Es un dolor impresionante. No es físico, también el mental”, dijo Juan Fonseca, de 24 años, quien relató durante uno de los debates de moción de censura que enfrentó el ministro de Defensa, cómo lo ha afectado la pérdida de su ojo, al parecer, por el disparo de un gas lacrimógeno de un agente del Esmad.

Y es que, si bien defiende el uso de estos dispositivos, como gases lacrimógenos o balas de goma para situaciones de amenaza, el analista Felipe Fernández rechazó toda acción fuera del marco legal y que genere una afectación sobre la vida de los manifestantes.

“Hay algo claro, especialmente para el ESMAD en el restablecimiento del orden público y es que debe haber un absoluto respeto y garantía de los DD.HH. a los manifestantes, pero también se debe garantizar el respeto de aquellos que no marchan, a la propiedad privada y el comercio que ha resultado totalmente afectada en un mes que lleva el paro”, aseguró.

Sobre el vandalismo, Alejo Vargas, profesor de la UNAL, cuestionó el papel de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para evitar estas acciones. “Son absolutamente condenables cuando se queman alcaldías y palacios de justicia. No tiene justificación. Es probable que traten de pescar en río revuelto grupos armados y del narcotráfico, pero en Tuluá no había ninguna autoridad. La ANI debe prevenir ese tipo de situaciones”.

En total, se reportan 399 saqueos a establecimientos comerciales, 1.175 buses de transporte público vandalizados al igual que otras 206 estaciones, y afectaciones en 422 cajeros automáticos.

De igual manera, se han afectado 120 instalaciones gubernamentales, 28 peajes destruidos, 22 bienes culturales y más de 160 cámaras de seguridad y fotomulta. También se habla de 100 CAI vandalizados y cerca de 500 vehículos incinerados o atacados.

Hasta el momento, se contabilizan 1.009 capturas en flagrancia, 58 por orden judicial, 69 aprehensiones a menores de edad y la incautación de unas 30 mil armas cortopunzantes, 511 armas neumáticas, 1.149 de fuego y 165 elementos explosivos.

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