Justicia

Paro Nacional

Discordia en la C.Constitucional por declaración conjunta con Iván Duque

Dos magistrados consideraron que también se debió rechazar el abuso de autoridad denunciado en el Paro Nacional.

En la declaración conjunta, las Altas Cortes destacaron los programas del Gobierno para atender la pandemia.

En la declaración conjunta, las Altas Cortes destacaron los programas del Gobierno para atender la pandemia.(Cortesía: Presidencia de la República.)

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Antonio José Lizarazo, dio una declaración conjunta de las Altas Cortes, luego de reunirse con el presidente Iván Duque en el marco del diálogo nacional que adelanta el mandatario luego de las intensas protestas del Paro Nacional que han dejado, según la Defensoría del Pueblo, 24 personas muertas.

El discurso de Lizarazo generó molestias y críticas al interior de la alta corte. Los magistrados Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez consideran que la separación de funciones “obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional”.

En su constancia, dejaron claro que no comparten esa declaración conjunta con el Gobierno del presidente Iván Duque. De hecho, recordaron que el papel de la alta corte no es “reconocer” los programas que está ejecutando el Gobierno, sino al contrario, realizar un análisis judicial para verificar que no se estén violentando los derechos constitucionales.

El presidente de la Corte Constitucional había indicado que “las Altas Cortes reconocen el conjunto de acciones y programas sociales que se están ejecutando desde el Gobierno Nacional en atención a la situación sanitaria, así como a los desafíos sociales y económicos que enfrenta el país”.

Por último, los magistrados Fajardo e Ibáñez dijeron que, si bien se condenaron y rechazaron los actos criminales, de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho, también se debió condenar y rechazar “el uso excesivo de la fuerza, el desvío de poder y el abuso de autoridad, que también afectan el orden jurídico, los derechos humanos y, en general, el Estado de Derecho”.

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