La CIDH pidió proteger a defensores del medio ambiente
En el marco del Día Mundial de la Tierra destacó el rol de defensores del territorio y el medio ambiente en la consolidación de la democracia
El 22 de abril entra en vigor el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.(Colprensa)
Mañana entra en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y ONU Derechos Humanos alentaron a los países que aún no lo han hecho a hacerlo pronto y le pidieron a todos los Estados de la región que desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación.
“A pesar de la importancia de su labor, la CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos han observado los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias”, señaló Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada.
Agregó que los riesgos que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa que son cruciales para el futuro del planeta y de la humanidad.
“En América Latina, un gran número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes”.
Por esto, le pidieron a los Estados cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, reconociendo de manera pública la importancia de su labor, fortaleciendo la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas, y evitando el uso indebido del derecho penal en su contra.
