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Defensores habían advertido sobre incursión de grupos armados a Yurilla

Los grupos armados estarían aprovechando la vulnerabilidad de la población para mover redes de narcotráfico.

Una noche de terror tuvieron los habitantes de la vereda Yurilla en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde hombres armados de un grupo conocido como La Mafia, ingresó violentamente.

Una llamada a la Red de Defensores de DD.HH del departamento alertó a las autoridades sobre la difícil situación en la zona, donde campesinos fueron amarrados, dos personas perdieron la vida e incluso se les obligó a permanecer incomunicados.

Más de cinco horas tardaron en llegar uniformados de la Fuerza Pública debido a las difíciles condiciones de acceso a la zona. Sin embargo, el sin sabor de Yuri Quintero, defensora de DD.HH en el Putumayo, es que estos hechos ya habían sido alertados.

“Son hechos que se han dado de forma sistemática y que responden a la fuerte presencia de grupos al margen de la ley, la disputa territorial que hay en el departamento. Las oficinas que reciben las alertas se quedan con la información, pero nunca hay una actuación real de prevención y esto se deriva en una difícil de violación de derechos humanos que cada vez se está haciendo más fuerte”, explica.

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Así mismo, aseguró que lo que sucede en territorios como ese, responde a la complicidad del Estado con la corrupción, las alianzas, la falta de oportunidades tanto laborales como educativas, pero sobre todo, a promesas incumplidas.

“Putumayo es un departamento de tres fronteras, que no tiene vías de acceso, de comunicación, que lo único que se ha materializado es la venta de nuestro territorio a las petroleras, tiene un abandono estatal bastante fuerte y lo único que prevalece es una pelea interna, por ejemplo, las expectativas que teníamos sobre el Acuerdo de Paz eran muy altas, nosotros salimos a hablar con las comunidades para motivarlos a realizar el proceso de sustitución de cultivos, muchas familias se vincularon pero hoy el programa están en el limbo, no tiene plata para la gente pero sí para la fumigación y erradicación forzada”, lamenta.

Por lo que insiste, que la única salida a la violencia es la implementación efectiva del programa de sustitución de cultivos y la materialización de los PDET, que reconozcan la realidad de los territorios, así como el de sus habitantes.

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