Justicia

Seguridad en el transporte

¿Por qué fue retirado proyecto que proponía estatudo de seguridad vial?

La iniciativa planteaba un revolcón a la seguridad vial en el país con miras a frenar la accidentalidad.

¿Por qué fue retirado proyecto que proponía estatudo de seguridad vial?

¿Por qué fue retirado proyecto que proponía estatudo de seguridad vial? / Colprensa

El senador del Partido de la U, Roy Barreras, radicó en julio un proyecto que tenía el propósito de disminuir la violencia vial en el país. El texto contemplaba la idea de generar el estricto cumplimiento de los requisitos para acceder a una licencia de conducción, normas de seguridad específicas para los vehículos y definía los límites de velocidad.

Sin embargo, el senador Barreras decidió retirar la iniciativa por considerar que había la intención de pasar el texto de la Comisión Primera a la Sexta, donde, señaló, tenía riesgo de no tener trámite.

"El Gobierno considera que no es necesario el proyecto y ha actuado de manera activa, de manera rápida para que con algunos de sus agentes políticos legítimos, porque son parlamentarios, se garantizará que este proyecto saliera de manos de esta comisión para que fuese a manos donde le den cristiana sepultura o donde lo deformen".

Agregó: " ya lo había advertido en esta comisión cuando se surtió ese debate de forma y dije que seguramente algunos pretendían precisamente eso, dar al traste con la iniciativa. Volverá a ser radicado".

El proyecto buscaba impedir que en las ciudades el rango de velocidad máxima superara los 50km/h. Contemplaba, además, sanciones para quienes conduzcan en estado de embriaguez o con licencias falsas.

"Tendrán penas reales de prisión entre 6 meses y tres años. Me anticipo, todas son excarcelables, esto no empeora el hacinamiento carcelario, pero genera por supuesto un reproche penal, moral y una inhabilidades para aquel que conduzca borracho...", explicó en su momento el Senador Barreras.

Definía que para acceder a la licencia de conducción, el ciudadano interesado debía realizar un examen en las secretarías de tránsito.

También establecía un plazo de 3 años a los fabricantes o importadores de carros y motocicletas para que adecuaran estos vehículos a las normas de protección internacionales.

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